1
Cerró Donnelley y la provincia intervino por los 400 despidos
Trabajo dictó la conciliación obligatoria; la imprenta presentó la quiebra
1 minuto de lectura'
LA PLATA.- En medio de protestas y de cortes en la autopista Panamericana, la imprenta Donnelley cerró ayer su planta de Garín y dejó a más de 400 empleados en la calle. Esto obligó a una inmediata intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que anoche dictó una conciliación obligatoria para sentar a las partes a negociar una solución.
Las autoridades de la empresa, líder a nivel mundial en su rubro, dialogaron anoche con los delegados de la planta en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense y mañana se intentará arribar a una solución.
Ayer por la mañana, los trabajadores que se disponían a ingresar a la planta de la empresa gráfica de Escobar se encontraron con un cartel que informaba que la filial argentina de la compañía norteamericana pedirá la quiebra y cerrará definitivamente sus puertas. Tras una asamblea, los trabajadores decidieron cortar la colectora de la autopista Panamericana.
El cierre de la empresa no tomó por sorpresa a la mayoría de los trabajadores. Es que hacía varios meses que existía un conflicto dentro de la empresa, que había intentado infructuosamente ejecutar un procedimiento de crisis que, según dijeron representantes gremiales, contemplaba más de un centenar de despidos (entre un total de 407 empleados) y la reducción generalizada de sueldos.
El conflicto en Donnelley se sumó así al que se había disparado en mayo último, cuando la empresa autopartista Lear decidió suspender a 330 operarios y luego despidió a un tercio de éstos. Los conflictos gremiales se agravaron en los primeros días de este mes, con manifestaciones en reclamo de la reincorporación de los cesanteados y el anuncio de la compañía de que cerraría sus puertas por dos semanas.
De hecho, también los trabajadores de Lear habían cortado la misma colectora en su protesta por los despidos. Ese conflicto, en el que intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación, aún sigue abierto, con una veintena de trabajadores que reclaman su reincorporación.
Aunque el cierre de Donnelley no se había anunciado, las autoridades ya sabían que iba a ocurrir, según explicó a LA NACION el ministro de Trabajo provincial, Oscar Cuartango. Ocurre que el viernes último la cartera laboral nacional había rechazado el pedido de Donnelley de establecer un procedimiento de crisis, porque se entendió que la competencia era de jurisdicción bonaerense. De esa manera, la Casa Rosada trasladó el conflicto a la administración de Daniel Scioli, que rápidamente citó a las partes a una reunión en la sede de Trabajo, en La Plata.
Ayer se supo que la imprenta ya presentó en Tribunales el pedido de quiebra. En tanto, las autoridades de la empresa gráfica enviaron a un equipo de abogados a la reunión con los trabajadores. Por la cartera laboral estuvo presente el director provincial de Relaciones Laborales, Marino Calcopietro. Tras la reunión, que duró más de dos horas, el Ministerio dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días hábiles, de modo que la imprenta debería hoy abrir sus puertas, con vistas a un nuevo cónclave que tendrá lugar mañana.
"Ofrecimos la posibilidad de una conciliación voluntaria y la empresa no aceptó. Querían aplicar el cierre. Pero el sector gráfico no está en crisis y no hay razones objetivas para eso, sino que se trata de una decisión de política empresaria que no podemos avalar, porque implica dejar en la calle a cientos de trabajadores", dijo a LA NACION el ministro Cuartango.
El funcionario negó que el conflicto de Lear y el de Donnelley sean equivalentes, porque en el caso de la autopartista consideró que "hay una politización generada por sectores de izquierda que quieren llevar el conflicto a un estado crítico". De todas maneras, consultado por la posibilidad de que se multipliquen los casos, consideró que debe haber "una firme presencia del gobierno en todos los niveles".
Ayer, el diputado provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Cristian Castillo llevó su apoyo a los empleados de Donnelley en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo bonaerense y pedirá la expropiación de la empresa.
