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Coronavirus. Suspenden la compra de leche fortificada y advierten por faltantes
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Las irregularidades en la compra de aceite, fideos y arroz realizadas por el Gobierno dejó en jaque a los niños más humildes por un insumo aún más básico: la leche. A raíz del escándalo, el Ministerio de Desarrollo Social suspendió todas las contrataciones de alimentos para revisar posibles sobreprecios, entre ellas la compra de 1,7 toneladas de leche en polvo fortificada con vitaminas, lo que pone en riesgo su provisión durante la cuarentena obligatoria en las zonas más necesitadas del país, informaron fuentes oficiales a LA NACION.
Pero más allá de esta decisión, la situación tiene otros agravantes: la contratación directa que había realizado el Gobierno había quedado prácticamente desierta. Las dos empresas que fueron contratadas no llegaban siquiera a cubrir un tercio de lo que necesita el Estado para abastecer a 11 millones de beneficiarios durante la cuarentena, la mayoría en el conurbano bonaerense. Aunque fueron invitadas,las compañías dominantes del mercado no se presentaron, informaron fuentes oficiales.
"Tenemos un problema de abastecimiento por resolver", dijeron desde Desarrollo Social. Y explicaron que desde el Gobierno ya pensaban en realizar una nueva convocatoria para obtener más leche fortificada incluso antes de suspender la contratación anterior para garantizar la transparencia del proceso. Los compras contrarreloj por faltantes y las licitaciones desiertas se convirtieron en un rasgo característico del sector en los últimos años.
Tanto los funcionarios como los empresarios consultados por LA NACION remarcan que esta contratación directa -a diferencia de las que desataron la polémica- se hizo por debajo de los precios testigos indicados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El Estado había acordado pagarle a Milkaut $365 por kilo de leche fortificada y a Vidalac $498 por kilo, cuando el precio de referencia de Sigen era de $505. Ambos precios también son inferiores a los que se encuentran en las góndolas de los supermercados.
"¡Esto es increíble! Quedamos involucrados como si fuéramos unos delincuentes cuando el negocio es todo en blanco. ¡Si pago el 55% sólo de impuestos!, afirma, indignado, Darío Benítez, dueño de Vidalac, una pyme de 29 empleados cuya planta está en Sauce Viejo, Santa Fe. "¿Cómo van a suspender la licitación? Yo no le pagué coimas a nadie, hice todo legal. La próxima me voy a vender leche puerta a puerta antes de venderle al Estado", agrega.
Los primeros camiones de Vidalac que entregan la mercadería se quedaron en la puerta de los depósitos del Estado. Apenas había entregado los primeros kilos de leche cuando desde Desarrollo Social le avisaron que la compra quedaba suspendida por el momento. Faltaban todavía recibir otros 170.000 kilos que le habían comprado a Milkaut SA.
Benítez recuerda que la última vez que le vendió al Estado tardó cinco meses en cobrar, un problema repetido en el sector que motiva la suba de precios por la inflación. "Las licitaciones quedan desiertas porque no pagan. Con este parate van a tener un blanco de 30 días sin leche para repartir. Y van a tener que juntarse con todas las empresas grandes del mercado porque desde ya te digo que no van a tener leche para repartir", advierte Benítez.
Desde el Gobierno reconocen que la situación es complicada y enumeran varios factores. Primero, que el Estado llevaba atrasos de pagos a las empresas del sector que habían quedado pendientes de la gestión anterior. Después, reconocen los problemas que ocasionan las licitaciones con entregas en distintas tandas a lo largo de meses, un combo que desalienta a los principales productores de leche. "Si a ese contexto se agrega una demanda que agrega tres millones de personas por la cuarentena…", resume una fuente oficial.
La inestabilidad económica también colabora. Con insumos atados al dólar, como vitaminas importadas, el precio de la leche en polvo fortificada pegó un salto en el último semestre, según el relevamiento que hizo LA NACION. Ese aumento complica, además, el acceso de los sectores más humildes que, más allá de la ayuda estatal, quieran comprarla por sus propios medios. El Estado pagó en agosto de 2019 por el kilo de esa leche cerca de $200, pero en la actualidad los precios rozan los $500, siempre a precio mayorista.
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