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Cuándo será el paro de ATE que afectaría decenas de vuelos y aeropuertos del país
La medida impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado abarcará una semana completa por falta de pagos; qué días y horarios son los estipulados para la medida de fuerza
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LA NACION
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una huelga a nivel nacional en más de 27 aeropuertos argentinos por reclamos salariales a la Administración Nacional de Aviación Civil. La sorpresiva interrupción de actividades logísticas del sector aeronáutico alterará el cronograma habitual de los pasajeros con modificaciones o cancelaciones.
¿Cuándo será el paro de ATE?
La protesta de los trabajadores aeroportuarios ocurrirá entre el 18 y el 24 de marzo, donde decenas de vuelos sufrirán modificaciones o cancelaciones por la falta de personal. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que los empleados frenarán sus labores entre las 9 y las 12 del mediodía y entre las 17 y las 20.
“Durante esas franjas horarias solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales”, declaró Aguiar, mientras que las autoridades del gobierno nacional no se pronunciaron hasta el momento.
| Aspecto de la medida | Detalle de la información |
|---|---|
Fechas de la protesta | Del 18 al 24 de marzo |
Franjas horarias afectadas | De 9 a 12 hs y de 17 a 20 hs |
Alcance geográfico | Más de 27 terminales aéreas en todo el país |
Motivo central | Falta de pago de aumentos salariales acordados |
Servicios garantizados | Vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales |
Los motivos del conflicto salarial y los cruces con el Gobierno
La organización sindical justificó la acción por una falta de pago de aumentos salariales en la administración aeronáutica. Aguiar responsabilizó directamente al Gobierno por las consecuencias del conflicto y apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las reciente críticas sobre el viaje de la esposa del funcionario a Estados Unidos.
“Mientras algunos funcionarios ‘deslomados’ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza”, cruzó el titular de la asociación y enfatizó la postura del sindicato sobre el impacto en los pasajeros: “Cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del gobierno nacional. Sin sueldos dignos no hay trabajadores. Y sin trabajadores no hay Estado”.
La entidad difundió un documento oficial con exigencias adicionales y demandó una apertura paritaria sectorial. “Cabe señalar que esta organización gremial ha aguardado durante más de un mes el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las autoridades en las instancias de diálogo mantenidas oportunamente, en las que se manifestó la existencia de una propuesta en elaboración para abordar los reclamos mencionados”, sostuvo el comunicado.
“Habiendo transcurrido dicho plazo sin que haya mediado ninguna propuesta concreta por parte del Gobierno, nos vemos en la obligación de avanzar con las presentes acciones gremiales”, señaló la entidad.
El antecedente de protestas y el rechazo al control por geolocalización
La última movilización del sector ocurrió en febrero, cuando los manifestantes protestaron contra la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso. La marcha coincidió con el tratamiento del proyecto impulsado por el gobierno nacional en la Cámara de Diputados. La jornada finalizó con incidentes entre los trabajadores y la policía.
El mes pasado existió un conflicto similar en el sector, donde los trabajadores aeroportuarios denunciaron demoras en el pago de sus salarios en el último día hábil. La liquidación de enero omitió un incremento salarial pactado previamente con las autoridades. Los empleados carecían de una fecha de pago confirmada.
Un conflicto paralelo involucra a la gestión de la ciudad de Buenos Aires, ya que el gobierno porteño implementó un sistema tecnológico con GPS. La herramienta controla el presentismo de los empleados estatales en la calle, una medida que alcanza a los auditores de hospitales, inspectores de escuelas y verificadores de arbolado.
El diario LA NACION informó sobre esta nueva disposición el miércoles y la asociación sindical repudió la iniciativa oficial. Los representantes gremiales enviaron una carta documento al Ministerio de Hacienda y Finanzas que se encuentra bajo la conducción de Gustavo Arengo Piragine. El organismo sindical argumentó que el uso obligatorio de geolocalización o de dispositivos personales “vulneraría derechos laborales fundamentales”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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