El Gobierno cerró definitivamente el Inadi: uno a uno los motivos que dio

Fue una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei pero terminó de concretarse este martes: el Inadi fue eliminado. El último paso para el cierre definitivo del organismo contra la discriminación, la xenofobia y el racismo quedó plasmada en el Decreto 696/2024 firmado por el Presidente, su jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Más tarde salió el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a hacer correr la noticia, debido a que en la Casa Rosada consideran esta decisión como un símbolo del achicamiento del Estado, ya que alegan que el Inadi era cuna de militantes.

“Llegó el primer decreto delegado. Cierre del Inadi. Vale la pena leer los fundamentos del decreto para tomar dimensión del dispendio, descontrol e hipocresía en la que los K habían sumido al Estado argentino”, aseguró Sturzenegger este martes por la mañana en su cuenta de la red social X.

Esa normativa establece que la totalidad de recursos materiales y financieros del exInadi pasarán a la órbita del ministerio de Cúneo Libarona, que ahora tendrá a cargo la elaboración y puesta en ejecución de las políticas nacionales que antes le correspondían al instituto.

“Disolvimos el INADI. Ente ideológico de uso político partidario. Despedimos a los empleados y devolvimos el edificio. Nuestra gestión se concentra en achicar el Estado y cerrar los organismos innecesarios. No creemos en la utopía del Estado eficiente. Vamos por más, mucho más”, escribió el ministro de Justicia.

Según el decreto de la Casa Rosada, la Argentina “no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento” ya que todos sus habitantes son iguales ante la ley y gozan de protección contra toda forma de discriminación. Señalan también desde el Ejecutivo que la Constitución Nacional promueve medidas de acción positiva para garantizar “la igualdad real de oportunidades y de trato” y refieren que en el país se aprobó -a través de la ley 17.722- la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, donde se comprometió a seguir una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas.

Asimismo, indicaron que el Inadi nació como una entidad descentralizada por un plazo de 180 días que se prolongó “de forma sucesiva durante más de 12 años”.

“La experiencia recogida en las sucesivas intervenciones, efectuadas por distintas administraciones, de diversos signos políticos, demuestra que el estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones evidencian que el diseño organizacional adoptado no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia”, consideraron, así como plantearon que esta decisión es parte de la idea de “ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan”.

Además, indicaron que -tras un relevamiento de las diferentes áreas del Inadi, una vez que asumió esta gestión- se observaron graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos; e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia.

“El instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023, ni tampoco con procedimientos tendientes a garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos. Además se detectó que la gestión de los contratos de locación de inmuebles, así como el pago de los distintos servicios y gastos operativos, ha sido tardía e ineficiente y su incumplimiento importa para el Estado nacional la asunción del pago de intereses periódicos en perjuicio del Tesoro Nacional”, detallaron.

Asimismo, precisaron que el Inadi contaba con 431 agentes activos al momento de asumir Milei, distribuidos en 44 sedes de todo el país, “sin control alguno sobre la prestación de sus labores”. Según el decreto, solo en marzo de 2024 el pago de salarios del personal implicó $315.644.195,87, monto que “equivale aproximadamente a 2347 jubilaciones mínimas”.

Dijeron incluso que había 7788 actuaciones administrativas sin resolver, generadas desde el año 2016. “Las campañas de sensibilización y capacitación ejecutadas no cuentan con el correspondiente expediente administrativo ni documentación de respaldo”, señalaron.

Como otro punto, en el Gobierno marcaron que desde el 25 de octubre de 2001 en que se suscribió el Memorándum de Entendimiento entre la con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, todavía, después de más de 20 años, el Inadi no elaboró el Plan Nacional contra la Discriminación. En 2023, según el Gobierno, al organismo se le asignó un presupuesto de $1.150.770.524, que se incrementó en “reiteradas ocasiones”.

“La obligación constitucional de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato no exige necesariamente la creación de un organismo descentralizado de la administración pública nacional, en tanto que la lucha contra toda discriminación es uno de los altos propósitos de la ley fundamental y no conoce, ni podría conocer, de banderas políticas o ideológicas específicas”, marcaron.

Entonces, se ampararon en las facultades delegadas que el Congreso autorizó a Milei a través de la Ley Bases, y en la “gravedad institucional” que implica utilizar recursos públicos en perjuicio de las arcas del Esatdo y los contribuyentes, para determinar el cierre.

“Teniendo en cuenta el fracaso del instituto de la intervención para lograr la normalización del funcionamiento del referido ente, los graves inconvenientes detectados que dan cuenta no solamente de irregularidades en la gestión de los recursos sino, más grave aún, en el incumplimiento por parte del instituto de sus funciones específicas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, así como razones de índole operativa de la administración pública nacional, y la ineficiencia e ineficacia del Inadi constituyen motivos suficientes para disolver con urgencia el precitado organismo”, indicaron.

LA NACION

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