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En busca de los votos en el Senado, el Gobierno fija un tope de 25% a la extranjerización de tierras
El proyecto oficialista original no establecía límites; las modificaciones serán anunciadas este martes por Patricia Bullrich; el tope porcentual vigente es de 15% de la superficie de cada distrito; la oposición prepara una serie de protestas
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LA NACIONGustavo Ybarra
En un intento por evitar el fracaso del capítulo que relaja los límites vigentes a la venta de tierras productivas a extranjeros, el Gobierno dará luz verde a que se introduzcan nuevos cambios al proyecto denominado de inviolabilidad de la propiedad privada, cuya discusión en el Senado está previsto que se reanude este jueves.
Según pudo confirmar LA NACION en fuentes legislativas, el Gobierno debió ceder a la presión de la oposición dialoguista y establecerá un tope de 25% de la superficie nacional, provincial y departamental a la posibilidad de que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir tierras productivas.
El porcentaje operará como un techo, ya que también se habilita a las provincias a reglamentar límites por debajo de esa cifra. Según la Ley de Tierras vigente, el límite para la venta de tierras a extranjeros es del 15% de la superficie.
Los cambios, destinados asegurar los votos que garanticen la aprobación del proyecto, serán anunciados este martes, a las 16, en una conferencia de prensa que compartirán la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), y los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego), y de Legislación General, Nadia Márquez (LLA-Neuquén).
La redacción definitiva de las modificaciones se concertó en áridas conversaciones con la Casa Rosada, más precisamente con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En otras palabras, el Gobierno aceptaría introducir límites a la extranjerización de tierras. Es un giro notable en comparación con las redacciones del proyecto que se conocían hasta ahora, que autorizan la venta sin límite alguno.
Según confiaron fuentes parlamentarias a este diario, con estas modificaciones, que se conocerían este martes, el Gobierno se aseguraría “entre 38 y 40 votos” para aprobar el controvertido capítulo que modifica la Ley de Tierras.
Los nuevos cambios se explican en el creciente rechazo social que generó la propuesta de avanzar en la extranjerización de tierras, el que empezó a cristalizarse en la pérdida de apoyos de los bloques dialoguistas que podrían dejar al Gobierno sin el corazón del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
Como ya dio cuentas LA NACION hace tres semanas, la presión de diferentes actores sociales de su provincia sobre los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, habría empezado a permear sobre el voto de al menos uno de ellos, que había deslizado a sus colaboradores que votaría en contra del levantamiento de los límites a la venta de tierras.
A esa mala noticia se sumaba la fuerte resistencia de varios senadores radicales a apoyar un proyecto que cada día que pasa genera nuevas críticas por la supuesta vulneración de la integridad territorial y de la soberanía del país. De hecho, en las últimas horas se conoció que al menos un legislador del bloque que conduce Eduardo Vischi (Mendoza) estará ausente este jueves por problemas de salud.
Los votos de los misioneros son clave para el Gobierno, igual que el apoyo de los radicales y de Pro. Sin el aporte de esas bancadas, la Casa Rosada tiene complicada la aprobación de cualquier proyecto de ley, no sólo el de inviolabilidad de la propiedad privada.
La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y necesita de la oposición dialoguista para alcanzar mayorías. En esa estrategia es vital el aporte de la UCR, que cuenta con 10 escaños, y de Pro, que tiene tres legisladores.
A ellos se suma una miríada de pequeños bloques de fuerzas provinciales de Misiones, Salta, Neuquén, y un grupo heterogéneo de peronistas disidentes de Tucumán y Corrientes y hasta una radical de Chubut.
En esta tenida Bullrich no contaría con el apoyo de los peronistas críticos de Catamarca (Guillermo Andrada), de Jujuy (Carolina Moisés) y de Córdoba (Alejandra Vigo). Tampoco con los provinciales santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia.
El rechazo social al proyecto se traducirá, este jueves, en una manifestación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales frente al Congreso.
Uno de los actores sociales más activos en su oposición al proyecto del gobierno libertario ha sido la Iglesia Católica, que desde el primer día que se discutió el proyecto en comisiones manifestó su rechazo.
También se sumó al rechazo la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha militado de manera activa en contra de la extranjerización de tierras cada vez que tuvo la oportunidad de seguir tomando distancia del gobierno de Javier Milei.
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada abarca más que la eliminación o relajación de los límites a la venta de tierras a extranjeros.
En su extensa redacción también busca acelerar los desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, modifica los requisitos que debe cumplir el Congreso para votar expropiaciones d e introduce cambios en varios artículos de la Ley de Manejo del Fuego para liberar el uso de propiedades afectadas por un siniestro.
La ley que se encuentra vigente, sancionada en diciembre de 2011, establece que no podrán enajenarse más del 15% del territorio nacional, provincial o departamental. A su vez, ninguna persona física o jurídica podrá tener la propiedad de más del 30% del cupo permitido.
El oficialismo pretendía eliminar todo límite a la compra por parte de personas físicas y jurídicas privadas. Hoy, a sabiendas de que será difícil conseguir los votos, se muestra dispuesto a ceder. Aunque, en rigor, el texto posibilitaría que al menos un cuarto del territorio nacional pase a manos de extranjeros.
Para el caso de empresas con participación de estados extranjeros en su capital, el proyecto establece un sistema de “doble conforme” que requerirá la autorización de la provincia y de Nación. Queda sujeto a la reglamentación y a la potestad de las provincias definir cuáles serán los organismos públicos que tendrán en sus manos la facultad de dar la luz verde para las operaciones.
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