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El Gobierno exige que los jueces trasladados requieran un aval del Senado
Dos camaristas de Comodoro Py, un juez que participará del juicio por los cuadernos de las coimas, un magistrado que avaló el espionaje sobre Cristina Kirchner y tres jueces con competencia electoral de Jujuy, Chaco y Misiones, entre otros, quedaron bajo la lupa del kirchnerismo. El Gobierno planteó esta semana oficialmente revisar las designaciones de diez jueces federales al asegurar que se cometieron irregularidades en sus traslados y exigió que el Senado -con mayoría peronista- apruebe sus pliegos si los jueces desean continuar en sus cargos.
El proyecto, que lleva meses de trabajo, fue formalizado esta semana por Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, quien le envió una nota a la diputada Graciela Camaño para que ponga a disposición la iniciativa en la próxima reunión del organismo, a desarrollarse el jueves. El Gobierno sostiene que los traslados incumplieron criterios vinculados a la falta de competencia temática, los cambios de jurisdicción o una mayor jerarquía en los cargos por ocupar, todos límites previstos por la Corte Suprema y por el reglamento interno del Consejo.
La oposición ya adelantó que intentará frenar el proyecto y, por su parte, tres de los jueces mencionados dijeron a LA NACION que judicializarán el conflicto si el tema avanza en el Consejo. Ante estas supuestas inconsistencias, el kirchnerismo propone que estos jueces continúen en sus cargos siempre que el Senado apruebe sus pliegos. Caso contrario, deberán volver al juzgado que ganaron por concurso.
Los nombres de los jueces trasladados que aparecen objetados por el kirchnerismo y, sobre todo, los lugares que están en juego son los condimentos de un tema que promete largos y acalorados debates en el Consejo, probablemente -si prospera el proyecto- en el Senado y hasta podría también judicializarse ante la resistencia de los jueces que serían removidos de sus cargos.
El oficialismo tiene asegurados en el Consejo los seis votos propios y desde la oposición dicen estar abroquelados para frenar la "embestida" con otros seis. Otra vez, la diputada Camaño aparece como el voto clave para una decisión que requiere una mayoría simple de siete votos.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi fueron traslados por el Consejo (con mayoría macrista) y un posterior decreto de Macri a dos lugares clave en la Cámara Federal, el tribunal que revisa todas las causas de Comodoro Py.
El Gobierno sostiene que el traslado de Bertuzzi incumplió el criterio de jurisdicción, ya que en 2012 fue trasladado -con aval de Cristina Kirchner- desde un tribunal de juicio de La Plata a Comodoro Py. Y, luego, en 2018, lo volvieron a trasladar -con el visto bueno de Macri- a la Cámara Federal, un cambio que el oficialismo entiende que vulnera el criterio de jerarquía, algo que también aplican al traslado de Bruglia, porque entienden que los camaristas tienen un estatus superior.
Como miembro del Tribunal Oral Federal N°4, Bertuzzi fue uno de los jueces que condenó al exvicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone y después, junto con Bruglia, ratificaron desde la Cámara cada una de las decisiones resueltas por el juez Claudio Bonadio en el caso de los cuadernos.
Largo debate
Aunque la discusión públicamente todavía no empezó, la oposición ya adelantó sus reparos. Primero: la mitad de los traslados se aprobaron antes de que la Corte Suprema haya emitido sus acordadas, es decir, que -señalan- no se puede hacer una aplicación retroactiva de esa norma. Segundo: en defensa de Bruglia y Bertuzzi, los opositores señalan que no hay problemas jerárquicos porque los jueces de juicio tienen la misma escala salarial que los camaristas. Por último, dicen que la Corte no plantea los cambios de jurisdicción como un impedimento en los traslados, aunque sí lo hace el reglamento del Consejo.
Los traslados se utilizaron durante los últimos años, tanto por el kirchnerismo como por la oposición, como una solución rápida para completar lugares clave en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Esas vacantes deberían ocuparse con los magistrados que participaron en los concursos, pero estos procesos que suelen demorar no menos de tres años. Ante la falta de una ley que reglamente los traslados, dos acordadas firmadas por la Corte en 2018 fijaron algunos límites cuando analizó el caso de un tribunal oral al que el gobierno de Macri quiso darle carácter federal.
En diálogo con LA NACION, uno de los jueces trasladados que aparece mencionado en el proyecto del Gobierno aseguró: "Nuestras designaciones son absolutamente legales. No me pueden mover de mi cargo, excepto que me hagan un juicio político. Voy a hacer uso de mi derecho constitucional con la acción que haga falta". Y agregó: "Esto tiene una intencionalidad política de obstruir nuestra labor en las causas, ya sea por lo que ya juzgamos, lo que tenemos ahora que resolver y por lo que tendremos que hacer de acá en adelante. Muchos de los imputados en estas causas [por corrupción kirchnerista] o personas ligadas a esos imputados forman parte del Gobierno y de los organismos que están motorizando todo esto".
Cuadernos
El traslado del juez Germán Castelli, integrante del tribunal que prepara el juicio por los cuadernos, es otro de los señalado por el Gobierno. El magistrado fue trasladado por una resolución del Consejo y ratificado por un decreto de Macri en octubre de 2018 desde un tribunal de la localidad de San Martín a Comodoro Py. "Castelli concursó para ser juez federal de San Martín y no cuenta con acuerdo del Senado para desempeñarse en Capital, que es una distinta jurisdicción", sostuvo Ustarroz.
Otro de los traslados bajo estudio es el de Federico Villena, el juez federal de Lomas de Zamora que instruyó hasta hace dos semana una de las causas por espionaje macrista y quien, además, autorizó en otro expediente que se haga inteligencia sobre Cristina Kirchner y el Instituto Patria. Villena ganó por concurso una vacante en el juzgado de Moreno, pero fue trasladado a Lomas con la misma metodología que los anteriores casos.
Otros de los casos polémicos incluye a Eduardo Farah, el camarista federal que fue trasladado después de haber dictado en 2018 la liberación de Cristóbal López. "Farah concursó para ser juez de la Cámara Federal y no cuenta con acuerdo del Senado para desempeñarse ni como juez Penal Económico ni tampoco como juez de San Martín", sostiene Ustarroz. Es decir, si el Senado no aprueba su traslado, el histórico juez Farah volvería a Comodoro Py.
El kirchnerismo asegura que la intervención del Senado es necesaria para darle "institucionalidad" a los traslados ante la falta de una ley que los regule. La oposición, en cambio, remarca la influencia de Cristina Kirchner detrás del proyecto, quien como vicepresidenta maneja el Senado. Aprobar los pliegos requiere mayoría simple, un número que cuenta el bloque peronista.
Hay otros tres jueces de Jujuy, Chaco y Misiones, que fueron objetados porque sus traslados fueron hacia juzgados con competencia electoral. Esteban Hansen ganó la vacante del juzgado de Libertador San Martín, en Jujuy, pero después fue trasladado por el Consejo y por un decreto del gobernador Gerardo Morales al juzgado electoral de esa provincia que es, en la práctica, el más sensible. Como el caso jujueño, el resto de las provincias también quedaría a disposición del Senado.
