9 minutos de lectura'
El Gobierno apuesta por una regulación mínima de las apuestas en línea y esquiva medidas de fondo. Un borrador elaborado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) se centra en combatir el juego clandestino -una prohibición ya contemplada en la legislación vigente-, pero deja intacto el negocio legal en expansión. No incluye restricciones considerables a la publicidad ni menciona los vínculos entre casas de apuestas y clubes de fútbol, uno de los puntos centrales del proyecto que avanzó en Diputados y quedó trabado en el Senado.
“Es un proyecto que se elaboró el año pasado, pero que quedó ahí. Se decidió no impulsarlo”, dijeron a LA NACION fuentes de Sedronar, cuyo titular es Roberto Moro.
La aprobada en noviembre por la Cámara baja contó con el impulso de la Coalición Cívica, Unión por la Patria, la Izquierda y un sector del radicalismo. Los 36 votos en contra provinieron del oficialismo, mientras que el Pro y parte de la UCR se abstuvieron. Pese al rechazo de la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas y a las denuncias públicas de lobby por parte de los principales operadores del sector, el proyecto avanzó.
Plantea limitar la publicidad de las plataformas; restringir su presencia en eventos deportivos, culturales y sociales; regular el uso de billeteras virtuales, y establecer un programa educativo para prevenir la ludopatía. Ninguno de esos puntos es desarrollado de manera integral en la propuesta del Poder Ejecutivo, que no fue ingresado formalmente al Congreso.
“La redacción -del texto del Poder Ejecutivo- estuvo a cargo de los Chiqui Tapia, Daniel Angelici y empresas del sector escondidos bajo el Sedronar”, señaló a LA NACION un legislador que promovió la media sanción, hoy frenada en el Senado. La acusación apunta a una presunta connivencia entre dirigentes del fútbol, empresarios del juego y el Gobierno para presentar un proyecto con un alcance limitado.
Consultado por este medio, Daniel Angelici rechazó cualquier vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y con la administración libertaria. “No tengo nada que ver ni con la AFA ni con el Gobierno”, aseguró. Sin embargo, el empresario del juego y dirigente de la UCR reconoció que colaboró con la Cámara de Loterías y Casinos en una propuesta que “no prosperó” y que, según dijo, se enfocaba en el control del acceso de menores: “Es lo que más le preocupa a las empresas”.
Según pudo saber LA NACION, que accedió al borrador trabajado por la Sedronar, la iniciativa oficial evita tocar el núcleo del negocio legal: la publicidad. La única prohibición concreta en torno a uno de los pilares del sistema de apuestas recae sobre los operadores no autorizados. El texto no menciona los eventos deportivos ni prohíbe la propaganda en camisetas de fútbol, como sí lo hace la media sanción aprobada en Diputados. Para las plataformas habilitadas, solo fija condiciones generales que, en la práctica, ya se aplican: evitar anuncios dirigidos a menores o asociados a beneficios económicos, éxito social, consumo de alcohol o conductas delictivas.
El borrador también insta a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa y sancionar marcos propios para reforzar el control territorial. Para quienes promueven una regulación más estricta, esta cláusula abre la puerta a dilaciones: entienden que la Nación podría intervenir directamente en defensa del “bien común” y la salud pública. Desde el otro extremo, los detractores del enfoque nacional advierten que se debe respetar el federalismo e incluir una invitación expresa a las jurisdicciones.
Otro de los puntos clave del negocio, los medios de pago online, también queda relegado en el proyecto de la Sedronar. El artículo 21 apenas sugiere que el Banco Central -“o el organismo que en el futuro lo reemplace”- deberá “evaluar” posibles medidas para fomentar un uso responsable de las plataformas de pago, con especial atención a aquellas que estén a nombre de menores de edad. La redacción es vaga y no establece condiciones concretas ni mecanismos de control efectivos sobre una herramienta central en la operatoria de las casas de apuestas.
La misma lógica se aplica a las campañas educativas. El texto se limita a encomendar la elaboración de un “Plan Estratégico de Prevención de los Juegos de Azar en Línea” sin ofrecer detalles sobre sus lineamientos ni su ejecución.
Para frenar el “aumento alevoso de las apuestas online y de conductas compulsivas, principalmente en adolescentes y jóvenes”, la Iglesia pidió en febrero a la vicepresidenta Victoria Villarruel el “pronto tratamiento” del proyecto que busca regular los juegos de azar y prevenir la ludopatía.
La solicitud llegó en una carta firmada por el presidente de la Comisión de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, en nombre del Episcopado, que ratificó su respaldo a la iniciativa aprobada en Diputados. La Iglesia reclama que la Cámara alta habilite el debate de ese texto, que plantea restricciones más duras sobre el funcionamiento de las plataformas de apuestas. Según reveló LA NACION, preocupa especialmente a los obispos la posición que dejó trascender el presidente Javier Milei, quien en diciembre declaró que vetaría la norma si el Congreso llegara a sancionarla.
Una de las principales impulsoras del proyecto, la diputada Mónica Frade -presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico- apuntó directamente contra el oficialismo por la parálisis legislativa. “Nunca quisieron este proyecto”, dijo a LA NACION. “No quieren eliminar la publicidad, no quieren las limitaciones que hemos puesto”, advirtió en referencia al Poder Ejecutivo.
Frade explicó que desde hace tres semanas intenta reactivar el tratamiento en el Senado, donde el expediente permanece frenado en tres comisiones: Salud, presidida por Lucía Corpacci (Unión por la Patria); Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, a cargo de los libertarios Bartolomé Abdala y Juan Carlos Pagotto. Según la diputada de la Coalición Cívica, el estancamiento responde a una decisión política del oficialismo de evitar el avance de una regulación más estricta.
Los ejes centrales de la media sanción son:
