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El kirchnerismo se disponía a aprobar el "blindaje judicial"
Anoche iba a convertir en ley un paquete de polémicos proyectos; el más criticado es el que permite nombrar subrogantes sin acuerdo del Congreso
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LA NACIONLaura Serra
El oficialismo celebraba anoche un importante triunfo parlamentario. Al cierre de esta edición, y merced a su mayoría en la Cámara de Diputados, se aprestaba a convertir en ley el llamado "blindaje judicial", un paquete de proyectos que, a juicio de la oposición, pretende proteger al kirchnerismo de eventuales avatares judiciales cuando finalice la gestión de Cristina Kirchner.
Por caso, estas iniciativas le permitirán al oficialismo nombrar conjueces y jueces subrogantes afines, incluso sin acuerdo del Senado, no sólo en los juzgados que están vacantes, sino también en los que fueron creados por ley, pero que todavía no están en funcionamiento. Esto, gracias a su mayoría en el Consejo de la Magistratura, que mantendrá hasta diciembre próximo. Además, por la nueva ley de Ministerio Público, se le conferirán facultades discrecionales al titular de la Procuración General, además de la potestad de nombrar a 2300 agentes. Hoy este organismo está a cargo de Alejandra Gils Carbó, cercana al Gobierno.
Por otra parte, este "blindaje judicial" incluye la postergación de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal en la justicia federal; en cambio, éste comenzará por aplicarse en la justicia nacional de la Capital a partir de marzo próximo. La oposición, en la voz de la diputada Patricia Bullrich (Unión Pro), advirtió que esta postergación obedecería a un "pacto" entre el Gobierno y los jueces federales -que no quieren ceder poder frente a los fiscales con el nuevo Código Procesal Penal- que implicaría una parálisis en las causas por corrupción que afectarían al Gobierno.
Como broche de oro, los legisladores se disponían a aprobar, también al cierre de esta edición, la creación de una Cámara Federal de Apelaciones en la pequeña localidad santacruceña de Comandante Luis Piedra Buena. Así, las causas que tramiten en los juzgados federales de Tierra del Fuego y Santa Cruz no irán a parar en apelación a la Cámara de Comodoro Rivadavia, en Chubut, sino a este tribunal por crearse en la provincia natal de los Kirchner.
Diana Conti, diputada oficialista y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, refutó con dureza las críticas. Calificó de "ridícula, mezquina e intolerable la campaña difamatoria de la oposición, del diario LA NACION y del monopolio (Clarín), de que queremos cooptar a la Justicia y buscamos impunidad".
"Es una oposición que no puede caminar y construir territorio, entonces busca los estrados judiciales para apañarse y jugar en contra de los intereses populares y a favor de los intereses corporativos", asestó.
El nuevo régimen de subrogancias fue el blanco de buena parte de las críticas opositoras, que coincidieron en calificarlo de "inconstitucional".
"Se viola la exigencia de selección mediante concurso público y se habilita la designación de jueces subrogantes con la sola intervención del Consejo de la Magistratura, sin participación alguna del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación", acusó Pablo Tonelli (Pro).
"Además, se deroga la previsión legal de que un juez debe esperar tres años para volver a concursar. Así, esta ley tiene nombre y apellido, Sebastián Casanello, que en tiempo récord va a pasar de un juzgado de primera instancia a la Cámara Penal Federal", enfatizó, por su parte, su par de la UCR Manuel Garrido.
Las nuevas y amplias facultades de las que se dotará a la Procuración General también desataron fuertes críticas. Se señaló, por caso, que Gils Carbó -vitalicia en su cargo- podrá designar magistrados y empleados en forma unilateral y sin concurso público; cubrir cargos vacantes de forma interina de modo arbitrario; manipular la competencia territorial y funcional de los fiscales, a fin de intervenir indebidamente en el curso de las investigaciones que sean de su interés.
"No tiene lógica que los fiscales de distrito sean designados a dedo por la Procuración; son fiscales que tienen un gran poder en la asignación de causas y en la facultad de decidir cuándo se desestima una acción penal", advirtió el diputado Juan Carlos Zabalza (FAP).
La diputada oficialista Graciela Gianettasio salió en defensa de Gils Carbó. "Se abusa en la estigmatización de un funcionario para destruir un organismo, el Ministerio Público Fiscal", enfatizó.
