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Escrutinio provisional: todos los ojos puestos sobre tres empresas
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Tras las falencias registradas en las primarias del 9 de agosto, el ojo estuvo puesto esta vez sobre el Correo Argentino, Indra y Ersa, las empresas que trasladaron las urnas a la Dirección Nacional Electoral. Ayer, LA NACION estuvo en los salones donde se digitalizó la información que provenía desde los 235 centros hacia la sede del Correo Argentino de Brandsen 2070, donde se realizó la sistematización de la información brindada por los presidentes de mesa y los fiscales a partir de las 6 de la tarde.
El primer telegrama recibido en el centro de cómputos ingresó a las 6.20 de la tarde y provino de la provincia de Córdoba. Trabajaron en este proceso 1515 data entry. Bien organizado pero muy lento, recién entregó datos oficiales pasada la medianoche. Los colaboradores estaban dispuestos en mesas grandes, en grupos de entre 8 y 10 personas, cada uno en una computadora a través de la que realizaban la digitalización de los telegramas. A su vez, un fiscal era el encargado de controlar cada grupo.
Para garantizar la transparencia en la sistematización de la información, las imágenes de los telegramas se distribuyeron entre los data entry. Se realizó la digitalización por parte de dos personas al azar y el sistema informático las comparaba; si concordaban, pasaban a totalización y difusión. Si no concordaban, los datos no se ingresaban al sistema sino que se enviaban a una tercera instancia limitada a la carga del dato problemático. En las PASO, de los 16.311 telegramas analizados, el 48% presentó irregularidades.
El proceso electoral estuvo vigilado por un importante operativo de la Gendarmería que sólo permitió el ingreso de los data entry y los fiscales que controlaban la digitalización. "Recibimos el primer telegrama de la provincia de Buenos Aires desde la ciudad de Lobos. El despliegue logístico incluyó 45.000 agentes destinados en todo el país, 94.979 urnas, 11.200 medios de transporte, 1192 sucursales electorales y 13.855 locales de comicios. El robo, destrucción, falsificación o adulteración de las actas de escrutinio son delitos que podrían ser penados desde uno hasta tres años de prisión.
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