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Fútbol para Todos: buscan reconstruir la ruta del dinero
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LA NACION
Tras la elevación a juicio oral de la primera etapa de la causa Fútbol para Todos (FTP) , la jueza María Servini avanza ahora en la investigación de la ruta del dinero que manejó la AFA y su reparto entre exfuncionarios y dirigentes de fútbol.
La Justicia ya acreditó que la AFA cobraba dinero de la Jefatura de Gabinete en efectivo, que lo retenía y que luego le remitía cheques diferidos a los clubes.
Fuentes judiciales revelaron a La cornisa, el programa conducido por Luis Majul , que la AFA implementó el mecanismo para mantener controlados a los dirigentes de los clubes y para sostener el poder de las autoridades, pero también para quedarse con una parte del dinero proveniente del Estado nacional.
Según la investigación periodística, la AFA funcionaba como "una gran financiera" articulada con "decenas de cuevas financieras" donde los clubes, a pedido de Julio Grondona y Luis Segura , llevaban los cheques para cambiarlos por efectivo, pero con un descuento desproporcionado, de hasta un 30% del total. El informe periodístico llamó a la investigación como "la ruta del dinero G", por estar liderada por Grondona, y también como "la causa de las coimas del FPT".
Los secretarios de Servini acreditaron que la AFA usaba a los clubes de "garantía" para sacar préstamos. Una fuente del juzgado reveló a La Cornisa: "Lo hizo con River, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Velez y Olimpo, entre otros".
En el juzgado ya saben que hay al menos 15 cuevas financieras vinculadas a importantes dirigentes del fútbol sospechadas de corrupción y fraude, pero estiman que las cuevas de este sistema podrían superar el centenar.
Una de las financieras investigada es la de la familia Raposo, exgerente financiero de la AFA y exdirigente de Lanús. Allí, según informaron en La Cornisa, cambiaron cientos de cheques de los fondos del programa FPT. Otra financiera en la mira de la justicia es AMIGAL, vinculada al expresidente de la AFA Segura y al expresidente de Quilmes José Luis Meiszner.
Ahora los funcionarios judiciales tratan de confirmar quiénes se quedaban con la diferencia. Y cómo se repartían los fondos.
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