Guerra de facciones sin respiro

La guerra de facciones que agita al gobierno de Javier Milei es tan vertiginosa que no da respiro para festejar triunfos propios o derrotas ajenas. Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, podría solazarse en estas horas con la crisis política que desató su rival, Karina Milei, al pretender retirar del Senado el pliego de la candidata a camarista María Verónica Michelli, con el perverso argumento de que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

“El Mago” no había llegado a descorchar una botella cuando estalló un incendio en su sala de máquinas. Ese incendio se llama Facundo Leal. Es el extitular de la agencia de control de los aeropuertos, ORSNA. También el empleado de planta de la empresa de telecomunicaciones Arsat, en cuyo directorio se sienta en calidad de representante del sindicato telefónico. Leal fue, en la gestión de Alberto Fernández, presidente de Arsat.

Los padecimientos libertarios comenzaron cuando el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, de San Isidro, pusieron bajo la lupa a Gerardo Boschin por el robo de material tecnológico en un depósito contratado por Arsat en San Fernando. Mientras ocurrían los hechos, Boschin era subgerente de contrataciones y compras de la compañía. Después fue presidente de la empresa Trenes Argentinos. Pero siguió figurando como subgerente de Arsat hasta el lunes pasado. Parecería ser un funcionario apreciado por sus superiores.

En esa línea de investigación se allanaron dos propiedades de Leal. Un departamento en el barrio porteño de Palermo y una casa en Mendoza. En esos domicilios se encontró dinero en efectivo por alrededor de 2,4 millones de dólares; varios tipos de droga: cocaína, ketamina y éxtasis; una balanza que se usaría para pesar drogas; y 19 aparatos electrónicos de los que se utilizan en las prácticas de espionaje.

La continuidad de Leal entre los gobiernos de Fernández, cuando presidió Arsat, y de Milei, cuando presidió el ORSNA, genera preocupaciones transversales. Esa permanencia deriva de un método: Santiago Caputo resolvió adquirir llave en mano planteles enteros de la gestión anterior, casi siempre ligados a Sergio Massa. A pesar de sus vicios. O a raíz de sus vicios. Una anomalía que pasará a la historia del gobierno libertario: el joven Caputo controla franjas enormes del presupuesto público sin siquiera ser funcionario. Y detrás de él, otra figura que también se mantiene en la informalidad: su hermano Francisco. Ellos deciden. Los subordinados, firman.

El caso de Leal es paradigmático. Bajo Fernández, reportaba a Massa. Mas aún, cuando terminó la gestión peronista y los empresarios del sector le preguntaban por su eventual continuidad, él contestaba: “Voy a estar donde me diga Sergio”. Esa lealtad de Leal se debe a su antiguo vínculo con los mendocinos José Luis Manzano y Daniel Vila, del entorno más cercano a Massa. Estas complicidades se desplegaban casi siempre en las noches de “Roldán”. El silencio de Diego Lepera, el alegrante, cotiza cada vez más caro. Massa, que ya tenía bastantes disgustos con las fechorías de sus amigos Pablo Toviggino y Javier Faroni, en la AFA, ahora tiene que soportar los sobresaltos que llegan desde las telecomunicaciones.

En los últimos tiempos, Leal se había convertido en la sombra de otro mendocino allegado a Vila: el ex secretario de Transportes Luis Pierrini. En esta nueva especialidad habría adquirido otra dependencia: la de Leonardo Scatturice. Muy relacionado con el entorno de Donald Trump, este empresario es el dueño de la accidentada Flybondi y también contratista de Trenes Argentinos para el tendido de fibra óptica en las estaciones ferroviarias.

Scatturice tiene una relación estrechísima con el “Mago” Caputo, gracias a quien una de sus compañías, Tactic Global, consiguió un contrato con la SIDE para realizar actividades de lobbying. Es la consultora en la que presta servicios el supuesto amigo de Trump, Barry Bennett, quien dejó de visitar Buenos Aires con la frecuencia de otros tiempos. Ahora prefiere Asunción del Paraguay, donde Scatturice está más enfocado. La contratación de Tactic Global fue motivo de una denuncia de la dirigente liberal María Eugenia Talerico, que investiga la jueza Eugenia Capuchetti. El principal señalado es el extitular de la SIDE Sergio Neiffert, por violación de la ley de Inteligencia.

Estas relaciones acentúan los interrogantes sobre la conducta de Leal. Su departamento de Palermo tenía todo el aspecto de haber funcionado como una “cueva” de Inteligencia. Sobre todo por los dispositivos electrónicos y el dinero en efectivo. Estos datos justifican algunas preguntas que se hacen quienes conocen de cerca este entramado. ¿Es verdad que Leal tenía una subordinación informal con el área de Contrainteligencia de la SIDE, donde opera “la voz sentimental de Buenos Aires”? ¿Los aparatos en su poder formaban parte del misterioso equipaje de Laura Belén Arrieta? Es la empleada de varias empresas de Scatturice que llegó como única pasajera de un vuelo que no fue inspeccionado por la Aduana. Es por esa irregularidad que se multiplican las especulaciones.

El vuelo se realizó en un avión del poderoso empresario radicado en Miami y la inspección pudo evitarse gracias a una orden informal que recibió una agente aduanera a través del teléfono de Arrieta. A pesar del paso de los meses, el juez Pablo Yadarola sigue con dificultades para identificar cuál fue el celular con el que se conectaron Arrieta y la funcionaria. Ahora se abriría otra posibilidad para desentrañar el acertijo. Si es verdad que intervino Leal, su teléfono tal vez registra la llamada recibida. Aunque aquí se presenta otro inconveniente: Leal no entregó la clave para que revisen su celular. Un alivio para una gran legión de poderosos que en estas horas se muestran aterrados. Porque, aunque se logre mantener bloqueado el teléfono, no es tan fácil bloquear la lengua del funcionario, que a la ansiedad por el trance que atraviesa agrega la de la abstinencia en el consumo de esas sustancias que atesoraba. “Pusimos la vara muy alta”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El calvario de Leal tiene desvelados a autoridades y empresarios de telecomunicaciones, pero también al sector de la construcción aeroportuaria. Habría testimonios de que su paso por el ORSNA coincidió con pedidos se sobornos a compañías que realizaban obras en estaciones aéreas. Todas las versiones señalan a un ingeniero civil, Juan Alberto Sosa, quien prestaría servicios como asesor del ORSNA con rango equivalente al de gerente. Sosa realizaría sus riesgosas manualidades a la vista de innumerables pasajeros de aeroparque en la confitería “Tostado”. Imprudencias del exhibicionismo.

Es una ironía que Las Fuerzas del Cielo, que lidera el “Mago” Caputo, encuentren su tormento en el sector de la aeronavegación. La carga del desasosiego se deposita en las espaldas de la sucesora de Leal en el ORSNA, la intrépida Noelia Ruiz, autodenominada “la killer de Santi”. Por Caputo. Antigua colaboradora del opulento Federico Salvai y de Cristian Ritondo durante la gestión de María Eugenia Vidal, Ruiz fue designada en Arsat pero se dedicó durante meses a borrar cualquier rastro de las investigaciones que se habían ordenado, desde el Ministerio de Economía, sobre el fideicomiso del régimen de protección de Tierra del Fuego en el que operaban Rubén Cherñajovsky, socio hoy de Salvai, y Nicolás Caputo, tío del “Mago”.

Desde allí pasó al ORSNA, cargo que, en medio del escándalo Leal, le roba horas de sueño. Sin ir más lejos, el día en que se allanó la casa del funcionario en Mendoza “la killer” habría viajado por tierra a esa provincia. Seguro que fue una simple coincidencia. Pero la Ley de Murphy es implacable.

Era imprescindible, en especial para el “Mago” Caputo, que la gran extensión que cubren Arsat, Trenes y Privatizaciones no estuviera sometida a un terremoto como el de estos días. En especial porque se estaba planificando la privatización de Arsat, que ya casi tenía dueño. Ahora la curiosidad es retroactiva. Por ejemplo, en el mundo de las telecomunicaciones circula la información sobre los giros multimillonarios que se habrían realizado desde el Enacom, el ente que controla las comunicaciones, hacia Arsat, con la excusa de financiar tendidos de fibra óptica con el Fondo del Servicio Universal. Es la caja destinada a subsidiar esas instalaciones en zonas que no atraen al mercado. ¿Es verdad que durante la gestión del massista Claudio Ambrosini en el Enacom y de Leal en la Arsat se crearon innumerables empresas para apropiarse de esos recursos? ¿Es cierto que muchas fueron puestas en manos de punteros bonaerenses para financiar estructuras dentro del PJ? Hay quien jura tener la lista y los montos. Habladurías.

La situación penal de Leal fue confiada a Marcelo Rochetti. Este penalista tiene derecho a repetir la humorada de uno de sus más lúcidos colegas cuando dice: “Mi estudio se precia de jamás haber defendido a un inocente”. Rochetti patrocinó, entre otros, al célebre barrabrava “Rafa” Di Zeo. Fue por eso que debió renunciar a la jefatura de Gabinete de Ritondo en el Ministerio de Seguridad bonaerense de la gestión Vidal, después de una denuncia de Elisa Carrió. La razón por la que el logorreico Leal quedó a cargo de Rochetti es sencilla: Rochetti es el alter ego de Ritondo, Ritondo es un satélite de Manzano, y Manzano es el padrino empresarial de Leal.

Para que el blindaje tenga un seguro adicional, Ritondo es un aliado sistemático del “Mago” Caputo. Bennett fue testigo de esa amistad en las oficinas de Scatturice. La alianza Caputo/Ritondo desata paranoias en el entorno de la señorita Milei. Porque Rochetti defiende también a Toviggino. Es decir, defiende al presunto dueño de la plataforma desde la que se divulgaron los tórridos audios de Diego Spagnuolo, que hablan de que la hermana del Presidente y los Menem cobraban coimas del 3% para asignar negocios en el área de Discapacidad. 3%: una limosna al lado de lo que movía Leal. Habrá que ver si el funcionario detenido, además de contar con la pericia de Rochetti, se beneficia también con una supuesta propensión a la clemencia del juez Mirabelli. Se ganó esa fama cuando examinó con infinita misericordia aquel brindis “de mi querida Fabiola que nunca debió realizarse”.

Las sospechas que despierta la camaradería del “Mago” con Ritondo van más allá de esas expansiones de Spagnuolo. La jueza Capuchetti está a cargo de una denuncia del diputado Rodolfo Tailhade contra Adorni por los servicios domésticos que su custodia policial habría prestado a su esposa Bettina Angeletti, otra célebre aeronavegante. Ritondo tiene una antigua relación con Capuchetti, heredada de una amistad con el padre de la magistrada. La señorita Milei teme que los Adorni caigan en el abismo de esa afinidad. Es decir, que Ritondo trabaje para el “Mago” castigando a Bettina y a Manuel. Pero Ritondo esta vez no la tiene tan fácil. Desde el lado de Karina Milei presiona la controvertida Silvia Majdalani, unida a Pilar Ramírez y Darío Wasserman a través de un amigo común: el ecuménico Daniel Angelici. Ritondo vs Majdalani. “Pochoclo”, diría “Pepe” Albistur, otro viejo conocido de Leal. Conclusión: Capuchetti está tupacamarizada en estas horas por la feroz guerra libertaria.

El mundo del fútbol atraviesa todo este mapa de poder. Las relaciones con ese contaminan los rincones más recónditos de la vida pública y comprometen también al sector judicial. En la actualidad hay un ejemplo sobresaliente y es el que ofrecen los Mahiques. Juan Bautista, el ministro de Justicia, tuvo responsabilidades en la FIFA por delegación de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, a quien llama, con cariño, “Tovi”. Su padre, el camarista de Casación Carlos Mahiques, fue señalado por muchos testigos por haber festejado su cumpleaños en la ostentosa mansión que se atribuye a Toviggino en la localidad de Villa Rosa.

Ayer el camarista volvió a abrazar su hobby de legendario “Boxindanga”, se calzó los guantes, y redactó una insólita carta a Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara que integra. Allí Mahiques solicita que el máximo tribunal penal del país reflexione sobre las relaciones entre el periodismo y la Justicia para garantizar que la libertad de expresión quede limitada a las coberturas que son “rectas y objetivas”. No indica quién determinaría que se cumplen esas condiciones tan vidriosas. Mahiques se queja de que el periodismo informe sobre la vida de los jueces, que los retrate con sentido crítico o con ironía, y pide que se establezcan sanciones para evitar que se dañe la imagen del Poder Judicial.

La presentación de Mahiques ofrece innumerables curiosidades. Para empezar por las más superficiales, llama la atención que utilice las comillas para enfatizar algunos conceptos. Con sólo apelar al chat GPT se podría evitar ese desagradable error estilístico. Minucias. Hay peculiaridades más sustantivas en el texto. Por ejemplo, no se entiende por qué esa garantía de censura que pretende para los funcionarios judiciales no la extiende a otros servidores del Estado que trabajan en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo. Tampoco queda claro por qué agrede a los ministros de la Corte reclamando la creación de una oficina de prensa que comunique con profesionalismo las noticias judiciales. Esa dependencia ya existe y es la Dirección de Comunicación de la Corte, a cargo de Ariel Neuman, que ha mejorado muchísimo la relación entre los tribunales y la prensa.

En su nota, Mahiques también propone que se elabore un código para reglamentar la ética de los jueces. En este caso, tampoco se entiende por qué el juez es tan peyorativo con el Consejo de la Magistratura, que integra Barroetaveña en representación de sus pares, y que es el encargado de esa regulación con procedimientos específicos.

El legendario “Boxindanga” pretende, además, que haya algún tipo de amonestación para los funcionarios judiciales que suministran informaciones a los periodistas. Por ahí comienza a mostrar la hilacha de su drama. El enemigo no sería la prensa, sino los jueces que Mahiques tiene del otro lado del pasillo. Con ese reclamo desnuda la encarnizada pelea que divide a la corporación de Comodoro Py, de la que él forma parte, con enfrentamientos históricos que involucran a la misma Cámara de Casación.

Más allá de sus inconsistencias conceptuales y operativas, la solicitud de Mahiques sorprende por su falta de ductilidad política. Ese déficit llama en serio la atención porque de este camarista pueden discutirse su solidez teórica o su moralidad profesional, pero es indudable su pericia para navegar en el poder. A tal punto que ocupa su cargo como producto de un traslado y ha logrado que no se cuestione esa situación, que es más visible que la de Leopoldo Bruglia o la de Pablo Bertuzzi, ya que él ni siquiera procede del fuero federal.

Es notable que Mahíques decida abrir un cuestionamiento por momentos insultante al trabajo de la prensa cuando su hijo Juan Bautista es ministro de un gobierno que se propone odiar al periodismo más de lo que ya lo odia. Más torpe todavía resulta que lo haga en el exacto momento en que ese hijo debe guardar un silencio vergonzoso, después de haber recomendado al Presidente enviar al Senado el pliego de una profesional, María Verónica Michelli, que ve cómo ahora la discriminan por ser pariente de un periodista que ejerce su oficio con ejemplar independencia.

El Presidente reposteó ayer una interpretación del exjuez Ricardo Rojas, afirmando que la Constitución prevé que, así como el Poder Ejecutivo puede enviar una propuesta a la Cámara alta, también puede retirarla. Algunos expertos plantean una controversia. La designación de un juez es un acto complejo en el que participan dos poderes. Si el Senado comenzó su intervención, ¿la Casa Rosada tiene derecho a interrumpir el procedimiento retirando la candidatura? El acuerdo ya contaba con varias firmas, que garantizaban su aprobación. Sin embargo, hay juristas que sostienen que, hasta tanto el pleno del Senado no se haya pronunciado, el Presidente puede revertir su iniciativa.

Es una discusión abstracta. Milei acaba de fijar un criterio autoritario. Ser cuñada de un periodista es una incompatibilidad para ejercer la magistratura. ¿Y ser padre de un ministro? Es el caso de los Mahiques. No hacía falta que ellos siguieran ilustrando con actitudes novedosas el poco aprecio que tienen por la libertad de expresión. Condolencias para Juan Bautista, que retrocede 20 casilleros en su carrera hacia la Procuración General de la Nación.

Pero lo más increíble de la falta de astucia de Mahiques es que pretenda abrir un debate sobre las relaciones entre los jueces y el periodismo desde una butaca del avión que lo llevó a Lago Escondido. Como se demostró en la audiencia del Senado en la que le prorrogaron su cargo en la Justicia, si hay una materia sobre la que sería mejor que este magistrado guarde silencio es aquella sobre la que quiere discutir. Como dirían los grandes penalistas, con su carta “Mahiques volvió al lugar del crimen”. Eterno Freud.

Por Carlos Pagni

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