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Juicio por Sueños Compartidos: Sergio Schoklender pidió su absolución y que no se lo juzgue por el paso del tiempo
Sus abogados lo plantearon en el alegato final; defendieron el programa y criticaron la acusación; el caso se inició hace 15 años y estuvo al borde de la prescripción
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LA NACIONFederico González del Solar
Sergio Schoklender, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que enfrenta una pena de hasta 6 años de prisión, pidió ser absuelto en el juicio oral por Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales que gestionaba la organización y quedó bajo sospecha por el desvío de fondos.
En su alegato final, la defensa de Schoklender criticó la acusación fiscal y realizó un planteo ante el Tribunal Oral Federal N° 5 para evitar una condena por el paso del tiempo en una causa que se inició en marzo, luego de 15 años de investigación.
“Vamos a volver a insistir [...] sobre lo que tiene que ver con la duración del proceso, con la cuestión relativa al plazo razonable. Nosotros consideramos que se encuentra violado”, dijo el defensor oficial Hernán Figueroa, quien ejerce la defensa junto con Alan Swanston.
Los abogados defendieron el programa y el impacto integral que tenía en los barrios, negaron la existencia de sobreprecios y pidieron la absolución, alegando que no hubo desvíos de fondos y todas las obras fueron terminadas.
Defendieron como una decisión política no judicializable las modificaciones que existieron al interior del programa, que para la fiscalía fueron una “maniobra deliberada para eludir controles”.
“El paso de un programa a otro no fue ninguna maniobra”, dijo Swanston, apoyado en una auditoría de la AGN que destacaba los programas. “No hubo ninguna relajación de los controles”, insistió.
Como otras defensas, apuntaron, además, contra un trabajo realizado por el perito Francisco Guzmán: criticaron su metodología, señalaron presuntas demoras y el hecho de que no haya visitado las obras. “Este peritaje no puede entrar a la causa”, sostuvo Swanston.
Los abogados de Schoklender quisieron cerrar su alegato con el testimonio de una de las personas que fueron beneficiadas por una casa pero un desperfecto técnico se los impidió.
El caso investiga un presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2008 y 2011. Según la acusación, el Ministerio de Planificación que lideraba Julio De Vido giró más de $748 millones a la Fundación -a cargo de la ejecución del programa- mediante convenios celebrados sin licitación con provincias y municipios.
De ese total, habrían sido desviados más de 200 millones de pesos, es decir, alrededor del 23% de los recursos.
El propio Schoklender admitió más de una vez que parte del dinero que llegaba al programa terminó destinándose a otros gastos, ajenos a la construcción de viviendas, por decisión de la titular de la fundación, Hebe Bonafini. “Mientras yo iba por más escuelas y viviendas, ella estaba tan cooptada por el kirchnerismo que empezamos a gastar mucho en actos y movilizaciones para toda esa runfla y el dinero se acabó”, sostuvo en uno de sus descargos del juicio.
Bonafini era una de las acusadas del caso, pero falleció en 2022.
El proceso
La duración del proceso, iniciado en 2011, ya fue eje de defensa en otros implicados. En la audiencia pasada, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Claudio Fatala solicitó, a través de su abogado, Lucio Simonetti, la extinción de la acción penal por prescripción.
“La acción penal se encuentra extinguida respecto de mi defendido como así también respecto de las otras partes a partir del transcurso del tiempo establecido en el inciso segundo del artículo 62 del Código Penal”, sostuvo el abogado.
Sostuvo que Fatala ingresó al proyecto cuando ya estaba en marcha, que este era una decisión política no judicializable, marcó presuntos errores en la acusación y pidió la absolución del exfuncionario.
En sus respectivos alegatos, el fiscal del juicio, Diego Velazco, y la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el proceso, pidieron las penas máximas previstas para cada uno de los acusados: seis y cuatro años de prisión, según corresponda.
El exministro de Planificación Julio De Vido integra el primer grupo junto con José López y Fatala, además de los hermanos Schoklender, apoderados de la fundación que ejecutó el programa de viviendas.
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