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Juzgan a Martín Sabbatella, acusado de arbitrariedad contra Clarín
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LA NACION
El expresidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, comenzó a ser juzgado ayer por presunto abuso de autoridad, acusado de actuar con "arbitrariedad" hacia el Grupo Clarín, al disponer su adecuación "de oficio" a la ley de medios en 2014.
El debate oral comenzó en los tribunales de Comodoro Py, con la presencia de Sabbatella, otros exdirectores de la ex Afsca y exresponsables de áreas juzgados junto con él.
El juicio es realizado por un tribunal unipersonal, a cargo del juez Ariel Lijo, por tratarse de un delito que prevé una pena máxima de tres años de prisión.
Ante una sala colmada de público que acompañó al exfuncionario, se leyó la acusación y luego comenzó el planteo de las cuestiones preliminares, previas a las declaraciones indagatorias. Entre ellas, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta pidió que se aparte al Grupo Clarín como querellante en el caso.
Otro de los defensores, Maximiliano Rusconi, planteó la nulidad de todo lo actuado, de las acusaciones de fiscalía y querella, y presentó un recurso de falta de acción. Todos los planteos serán resueltos por Lijo el jueves cuando se reanude el juicio y sea el turno de las declaraciones indagatorias. En la lectura de la acusación fiscal se aludió a la "grave arbitrariedad" con la que se habría comportado Sabbatella en relación con la adecuación del Grupo Clarín en comparación con otras empresas que estaban en similar situación.
En concreto, se sostuvo que Sabbatella convocó a una conferencia de prensa de manera previa a una reunión de directorio donde se resolvería disponer la adecuación de oficio de Clarín, y anunció lo que planeaba resolverse.
Además, en la acusación, la fiscalía remarcó que luego, en la reunión de directorio, "se trató sobre tablas" la readecuación de oficio sobre la base de informes del área jurídica de la ex Afcsa y otros sectores que no habían sido aún vistos por los directores". Según la fiscalía, se inició "un procedimiento de readecuación de oficio de manera ilegal" sobre la base de dos dictámenes del 6 y 7 de octubre de 2014 que "los directores no conocían", pero igual aprobaron.
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