La Casación confirmó el sobreseimiento de Pepín Rodríguez Simón, el exasesor judicial de Macri

En un fallo de mediados de diciembre, pero conocido por estas horas, la Cámara Federal de Casación confirmó el sobreseimiento de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en la causa que lo investigó por presuntas amenazas contra empresarios ligados al kirchnerismo. El otrora estratega judicial del expresidente Mauricio Macri había sido acusado de amedrentar a Fabián de Sousa y Cristóbal López, del grupo Indalo, a través de un intermediario, pero la Justicia desestimó los señalamientos.

Primero la jueza María Servini, después la Cámara Federal −con fallo dividido− y ahora la Sala de la Casación, por unanimidad, sostuvieron que la conducta del exasesor no podía ser encuadrada en un delito.

“Los motivos que condujeron a los jueces de las dos instancias a afirmar la atipicidad de su conducta se mantienen vigentes”, dijo Carlos Mahiques, el juez que lideró la votación.

Rodríguez Simón fue acusado de haber hecho llegar a los empresarios un mensaje intimidatorio para que dejaran de impulsar una causa judicial contra el expresidente Macri. De no hacerlo, según la acusación, habría “consecuencias negativas” para los negocios de ambos, en referencia al Hipódromo de Palermo y al “casino flotante” de Puerto Madero.

La decisión de confirmar el sobreseimiento de Rodríguez Simón fue tomada por la Sala II de la Casación, integrada por Mahiques y sus colegas Juan Carlos Geminagni y Diego Barroetaveña.

El caso llegó al máximo tribunal penal del país luego de que la querella, representada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy −que defendieron a la expresidenta en la causa Vialidad y la patrocinan en el caso Cuadernos, entre otros expedientes− apelaran la decisión, anclados en un dictamen fiscal y en un voto en minoría de la Cámara Federal.

Uno de los ejes centrales bajo estudio de la Justicia fue si estaba al alcance de Rodríguez Simón o no hacer efectivas las presuntas amenazas. Para los empresarios sí; por la extendida influencia que ejercía sobre el gobierno nacional de Macri y el gobierno de la ciudad, en manos también de Pro. Pero la Justicia entendió que no, puesto que, para ese entonces, Rodríguez Simón no ocupaba un puesto con poder de decisión sobre las concesiones en el juego.

La causa estuvo marcada por la intempestiva salida del país de Rodríguez Simón rumbo a Uruguay, luego de que Servini lo llamara a indagatoria por estos hechos, en junio de 2021.

El exasesor permaneció en “rebeldía” en el país vecino durante más de tres años. Regresó en noviembre de 2024, solo después de que la jueza aceptara no arrestarlo, a cambio de una fianza millonaria, de la que se hizo cargo su amigo José María Torello, exjefe de asesores de Macri. Fueron más de 3000 millones de pesos.

Rodriguez Simón fue luego indagado por Servini. Negó los hechos y la jueza lo sobreseyó meses más tarde. El fiscal Guillermo Marijuan y la querella apelaron esa decisión y el caso pasó a la Cámara Federal, donde la decisión de Servini fue ratificada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Como asesor presidencial, Rodríguez Simón fue el autor de las apuestas judiciales más osadas de Macri. Entre ellas, la de nombrar a jueces por decreto en la Corte Suprema, algo que finalmente no se concretó (firmó el decreto, pero los ministros terminaron asumiendo sólo una vez que el Senado les dio su acuerdo).

El presidente Javier Milei replicó la estrategia y designó por decreto al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla. El primero renunció luego de que el Senado rechazara su pliego y el segundo nunca aceptó el cargo, al no tener garantías de poder conservar su juzgado en Comodoro Py. Su pliego también fue rechazados luego por el Senado.

Por Federico González del Solar

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