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La Justicia ordenó un millonario embargo contra exautoridades del Banco Nación y directivos de Vicentin
Lo resolvió el juez Ercolini en una causa que investiga un supuesto acuerdo entre la entidad financiera y la empresa para omitir el pago de una deuda durante el gobierno de Macri; los 26 imputados deberán responder de forma solidaria
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LA NACIONFederico González del Solar
El juez federal Julián Ercolini ordenó un embargo preventivo de más de 500.000 millones de pesos contra las dos máximas autoridades del Banco Nación (BNA) durante el macrismo, Javier González Fraga y Lucas Llach, otros exfuncionarios de la entidad financiera y directivos de la firma Vicentin SAIC, en una causa que investiga un presunto acuerdo entre el banco público y la empresa para omitir el cobro de una deuda millonaria.
En la misma resolución, firmada el 30 de diciembre, pero que tomó estado público esta semana, el juez Ercolini ordenó mantener la inhibición de bienes que ya regía desde septiembre de 2025, que prohíbe a los imputados vender sus activos.
El daño de la supuesta defraudación fue estimado por el fiscal Gerardo Pollicita en 300 millones de dólares. Ahora, los 26 imputados deben responder de manera “solidaria” por el monto actualizado de $543.332.587.274.
El BNA tenía en su poder dos cuentas de garantía donde se recaudaban los fondos de la actividad comercial de la empresa Vicentin, que tenía una deuda que ascendía a los 300 millones de dólares. Por allí, en el período investigado, habrían circulado cerca de 800 millones de dólares.
En lugar de retener ese dinero para cobrar la deuda, según la acusación fiscal, los funcionarios permitieron la transferencia de casi $43.450 millones a cuentas de libre disponibilidad, habilitando que los empresarios pudieran sacar ese dinero del radar del banco.
Los directivos de Vicentin apuntados son Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Herman Roberto Vicentin (apoderado), Martín Sebastián Colombo (director), Roberto Oscar Vicentin (director) y Máximo Javier Padoan (director), cuyo padre, Alberto Padoan, está siendo juzgado en la causa de los Cuadernos de las Coimas.
LA NACION contactó a Llach y a González Fraga que optaron por no hacer comentarios sobre la resolución de Ercolini.
Llach sí se refirió al caso en su cuenta de X, como respuesta a una publicación en la que el economista Carlos Rodríguez justificaba la omisión y la atribuía a un tema administrativo. “No se supervisó bien por unos días a un deudor importante. Y eso tuvo un costo gigante”, escribió Rodríguez.
Frente a eso, Llach -que le agradeció a Rodríguez la “buena voluntad”- sostuvo que la situación del Banco Nación con la empresa era “exactamente la misma que la de una decena” de otros bancos, que todos tenían a la firma “calificada a la empresa en situación 1 (normal) en la Central de Deudores del BCRA”.
“La idea de ‘costo gigantesco’ sólo temerariamente podría aplicarse a la concesión original de crédito (repito, todo pre-2018 y mayoría pre 2016), pero jamás a no cobrar 300 millones de dólares en dos meses pos PASO 2019, que es la acusación”, afirmó
También están bajo investigación los giros que la empresa habría realizado a cuentas del exterior por un total de US$16.942.805. Además, en noviembre de 2019, el Banco le otorgó al grupo nuevos préstamos por un total de US$105.500.000.
“Los funcionarios del Banco de la Nación Argentina, conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentin, entre agosto y diciembre de 2019, habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de US$304.328.665“, sostuvo el juez.
Ercolini tomó la medida en medio de una ronda de indagatorias. Para febrero y marzo están previstas 21 citaciones.
La empresa Vicentin llegó a consolidarse como la cuarta agroexportadora más grande de la Argentina. En diciembre de 2019 entró en default y su situación financiera derivó en múltiples escenarios judiciales, todavía en curso.
En junio de 2020, durante la pandemia, el entonces presidente Alberto Fernández anunció la intervención y posible expropiación de Vicentin, pero finalmente dio marcha atrás, luego de un rechazo generalizado a la medida.
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