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Lanatta y Schillaci se negaron a declarar por la fuga y el ataque a los policías en Ranchos
Los abogados de los dos últimos prófugos en caer les recomendaron guardar silencio
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LA PLATA. Los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci se negaron a declarar tanto ante el fiscal general de Azul, Cristian Citterio, que investiga la fuga del penal de General Alvear, ocurrida el domingo 27 de diciembre pasado, como ante el fiscal de Brandsen, Mariano Sibuet, a cargo de la instrucción por el ataque a tiros contra los policías Angelina Lucrecia Yudati y Fernando Pengsawath, perpetrado la madrugada del 31 de diciembre en las afueras de Ranchos.
Elizabeth Gasaro y Humberto Próspero, abogados de los condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, les aconsejaron a sus defendidos que no lo hicieran porque antes querían estudiar los expedientes en profundidad.
"Vamos a esperar a analizar bien la causa porque todavía no pudimos obtener copia y, como la causa está en plena instrucción, siempre hay pruebas que se aportan todos los días", dijo Gasaro al salir del penal federal de Ezeiza, de máxima seguridad, donde están alojados estos homicidas.
Próspero, en tanto, mostró un posible camino estratégico de la defensa: "Puede ser una posibilidad muy cierta que ellos se escaparon porque tenían miedo de que los mataran". El domingo pasado, su colega Gasaro había manifestado, respecto de Martín Lanatta, que hasta entonces era el único detenido: "Esperemos que se recupere y esté bien de salud para que pueda aclarar todo lo que pasó desde la fuga o la salida, mejor dicho, del lugar".
Al día siguiente, sin embargo, Lanatta le dijo a Citterio que estaba dispuesto a colaborar, pero más adlante. Ese mismo lunes fueron capturados los otros dos fugitivos. Se comprobó en los exámenes médicos que estaban en condiciones de ser indagados; luego, Sibuet pidió indagar a los tres y su par de Azul, a los dos que aún no lo habían hecho.
Ayer, los fiscales les informaron los delitos por los que están acusados y los tres quedaron formalmente imputados en ambas causas. Próspero dijo que ya pidieron que "las causas se unifiquen en el fuero federal para que quede todo en su lugar".
Concretamente, pidieron que los expedientes por la fuga y el posterior ataque a los policías sean absorbidos por el juez federal Sergio Torres, que investiga si los delincuentes contaron con el apoyo de organizaciones narcos. "Deberían ser unificadas las causas, por lo menos en cuanto al órgano que lleve el juicio", consideró el fiscal Citterio al salir del penal de Ezeiza.
Mientras tanto, el fiscal general de Azul continuará con la instrucción, cuya principal hipótesis es que los presos contaron con cómplices del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), una línea de investigación que comparte el gobierno de María Eugenia Vidal, que amplía sus sospechas de connivencia a la policía bonaerense.
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