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Los costos de la paz social y los nexos políticos de los barras en un país en crisis
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LA NACIONNicolás Balinotti
De madrugada, cuando muchos argentinos dormían apesadumbrados y conmovidos por la muerte de Diego Maradona, Rafael Di Zeo, el barrabrava más poderoso del país, ingresaba a la Casa Rosada a la despedida íntima que organizaron los familiares del ídolo popular con el aval del Gobierno. Di Zeo heredó de José Barrita, el Abuelo, un barra histórico que gobernó la tribuna de Boca entre los 80 y los 90, los nexos con Maradona y el poder. Aprendió de él a administrar una caja de dinero negro que se alimenta de aportes de la política, de empresarios y de la multifacética red de financiamiento que caracteriza a las hinchadas argentinas.
Di Zeo y su tropa de La 12, como se conoce a la barra brava de Boca, no estuvieron en la Plaza de Mayo cuando el funeral se desbordó y unos 150 fanáticos irrumpieron en los pasillos de la Casa Rosada. Sin embargo, y atento a los disturbios, se habría puesto a disposición de los responsables del operativo de seguridad para intervenir en caso de que su aporte fuera necesario. "Tengo los teléfonos del poder", se jactó Di Zeo ante LA NACION en 2006en una entrevista en el aeropuerto de Salta. Casi 15 años después, su influencia sigue intacta, a pesar de sus causas judiciales en curso y de haber cumplido penas en prisión.
Marcelo Mallo, el dirigente peronista que creó Hinchadas Unidas Argentinas (HUA) y blanqueó de alguna manera el vínculo entre la política y las barras, siempre reconoció que algo hay a cambio. "Los muchachos pueden ser conductores sociales, transmisores de ideas para la comunidad y hasta fiscales en las elecciones", planteaba Mallo cuando su proyecto nacía de la mano del kirchnerismo, en la previa del Mundial de Sudáfrica 2010, con Maradona como técnico del seleccionado. Ya alejado de la iniciativa de HUA, que financió el viaje al Mundial de decenas de hinchadas, Mallo dedica ahora su tiempo a una ONG que trabaja en los barrios populares junto con los curas villeros y mantiene activa su participación en el PJ bonaerense en tándem con José Ottavis.
Sin público en los partidos de fútbol por la pandemia del coronavirus, las barras diversificaron sus negocios y uno de ellos está vinculado a la usurpación de tierras, tal como contó hace algunas semanas el periodista Gustavo Grabia en Infobae. En el barrio Los Ceibos, la toma más populosa en la inmensa geografía de La Matanza, la Gendarmería y el municipio comenzaron desde hace semanas a observar pasivamente su expansión, según constató LA NACION en una recorrida por el lugar y a partir de fuentes municipales. No está previsto intervenir, mucho menos al filo del fin de año. Ni Alberto Fernández ni Axel Kicillof quieren lamentar otro Guernica. Menos aún en diciembre y en plena crisis. Allí en las barriadas más precarias el brazo del Estado es a veces articulado por barras, punteros y dirigentes sociales.
Los movimientos sociales son hoy determinantes para que no se encienda la mecha. Después de exhibir con la ley de presupuesto que se aproxima un ajuste, al dar de baja abruptamente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Gobierno prepara para el fin de año medidas de auxilio social para evitar desbordes y extender la agonía de los millones de excluidos que dejará el IFE.
Medidas para el fin de año
En dosis homeopáticas, Daniel Arroyo fue anunciando algunos de los salvavidas previstos. Sin la presión de cerrar un acuerdo ahora mismo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro confirmó una suerte de bono de fin de año de $9400 para los 700.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y anticipó mejoras en los montos de la Tarjeta Alimentar (la reciben más de 1.500.000 de familias) y que se actualizaría la Asignación Universal por Hijo (AUH). La oficialización de las medidas se concretaría después de la primera semana de diciembre, según dirigentes sociales y fuentes del ministerio.
Emilio Pérsico y Daniel Menéndez son dos dirigentes sociales que echaron raíces en el Ministerio de Desarrollo Social mucho antes de la llegada de Fernández a la Casa Rosada. El macrismo, antes de que su retirada haya estado sentenciada después de la caída en las elecciones primarias de agosto, ya había decidido abrirles las puertas a segundas líneas vinculadas a las agrupaciones más numerosas. Desde el fin de año de 2016, cuando se avanzó con la ley de emergencia social, hasta su salida, Carolina Stanley comprendió siempre que era necesario pactar y mantener en circulación el circuito de subsidios. De hecho, la gestión de Cambiemos los aumentó, según un informe de Chequeado.
Pérsico y Menéndez forman parte del bloque al que se denominó "triunvirato piquetero" o "triunvirato San Cayetano", cuyos interlocutores habituales de Stanley eran Esteban Castro (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular-CTEP), Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista Combativa-CCC) y el propio Menéndez (Barrios de Pie). Horacio Verbitsky, una de las voces de prensa más críticas de la gestión de Macri, los denominó irónicamente el "trío Carolina", por la cercana y dinámica relación que construyeron con la entonces ministra de Desarrollo Social. Castro se mantiene al frente de la CTEP y sumó a gente propia a trabajar codo a codo con Juan Grabois; Alderete es diputado nacional del Frente de Todos y manifiesta seguido sus diferencias, y Menéndez ocupa una subsecretaría en Desarrollo Social, desde donde impulsa el plan Potenciar Trabajo.
Gremios y movimientos sociales
Los dirigentes sociales tienen hoy tanta o más influencia que los gremios organizados. Tras plantear su malestar con el Gobierno y deslizar una fugaz amenaza de confrontación que resultó apenas un espejismo de rebeldía, la CGT decidió navegar en paz hasta que la gestión de Fernández encuentre una salida de la crisis económica y la pandemia. Y también de la interna política. En los gremios aventuran cambios en el gabinete que podría anticipar los cortocircuitos internos del Frente de Todos ante la aproximación de un año electoral.
Decididos a tolerar una caída en el salario real a cambio de que se extienda el decreto que prohíbe los despidos y el congelamientos de las tarifas, que insumen un costo de $289.000 millones por año, los sindicatos no levantarán por ahora la voz. Mucho menos los grandes gremios que administran las obras sociales más numerosas, en cuyas cajas comenzó la semana pasada a verificarse el ingreso de fondos frescos que el Gobierno distribuye de manera discrecional. Su aporte será clave para el operativo de vacunación masiva que se activará durante el primer trimestre de 2021.
Barras, dirigentes sociales cada vez más influyentes y sindicatos son actores frecuentes en cada fin de año. Esta vez no será la excepción en un país en crisis, con pandemia, y que está envuelto en un luto infinito por la muerte del gran ídolo popular.
