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Revocan el sobreseimiento de Juan Manzur en la causa por el Plan Qunita
La Cámara Federal de Casación cuestionó el fallo del juez Boandio; "Tengo la conciencia tranquila", dijo el gobernador de Tucumán
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PARA LA NACIONFabián López
SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- El gobernador de esta provincia, Juan Manzur, recibió hoy una noticia que genera preocupación en el peronismo tucumano a 10 días de las elecciones legislativas del 22 de octubre. La Cámara Federal de Casación revocó el sobreseimiento del mandatario tucumano en la causa que investiga el presunto pago de sobreprecios en la compra de kits para recién nacidos del denominado “Plan Qunita” en 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
En ese entonces, Manzur se desempeñaba como ministro de Salud de la Nación y fue quien firmó la convocatoria a la licitación, la habilitación del pliego de bases y condiciones y la autorización para emitir circulares modificatorias del programa federal.
Los camaristas Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Edgardo Riggi anularon un fallo del juez federal Claudio Bonadio, que luego había ratificado la Cámara Federal Porteña, y reabrieron la investigación contra Manzur. Los magistrados consideraron que el sobreseimiento dictado por Bonadío en junio de 2016 fue “arbitrario y prematuro”. Advirtieron que la propia confección de los pliegos, bajo la órbita del ministerio que encabezaba Manzur, contrariaba normas vigentes y podría evidenciar que la licitación estuvo direccionada a favor de los intereses particulares. En el fallo, además, Casación advirtió que es necesario prestar especial atención a las causas de corrupción en base a los compromisos del Estado argentino con las convenciones de Naciones Unidas.
“La conciencia tranquila”
Al enterarse hoy de la mala noticia que llegó de Comodoro Py, Manzur dijo que tiene “la conciencia tranquila” y que respeta las decisiones de la Justicia. "Estoy tranquilo; no voy a hacer ningún tipo de especulaciones, como tampoco de interpretaciones acerca de esta decisión judicial", expresó en rueda de prensa.
El gobernador tucumano recordó que en esta causa ya había sido “sobreseído en primera y en segunda instancia”. Además, aclaró que "la Cámara de Casación no es que aportó nuevas pruebas o hay algo nuevo [en la causa], sino que lo que dicen es que [el sobreseimiento dictado por Bonadio] fue apresurado”. Por ello, según Manzur, el expediente “volverá al juez y será él quien defina”. Y agregó: “Si hay algo que quieran que aporte, aportaremos todo lo que esté a nuestro alcance”.
Tal como había manifestado durante la instrucción de la causa cuando fue citado a declarar por Bonadio, Manzur recordó que siendo ministro de Salud él solamente se encargó de iniciar el expediente para la instrumentación del “Plan Qunita”. Además, aclaró que antes del lanzamiento del programa volvió a Tucumán para retomar sus funciones como vicegobernador de José Alperovich y dedicarse a la campaña electoral. “Cuando se hizo la licitación yo ya no era ministro. Me presenté y aporté toda la documentación", explicó.
"Tengo la conciencia tranquila. Todos los funcionarios tenemos que estar a disposición de la Justicia y a los organismos de contralor", agregó.
Cuando se le preguntó si hubo un accionar delictivo en la instrumentación del plan, Manzur respondió: “En lo que compete a la participación mía, no. La Justicia deberá determinar si hubo una situación irregular después".
El caso
En esta causa, Bonadio ya envió a juicio oral el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, y el sucesor de Manzur en el Ministerio de Salud de la Nación, Daniel Gollán, entre otros ex funcionarios de esa cartera, quienes enfrentan cargos por fraude en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario y abuso de autoridad.
También fueron procesados los titulares de seis empresas proveedoras del Estado que ganaron las licitaciones para la fabricación de los 140 mil kits para recién nacidos, que le habrían costado al Estado más de $ 1.100 millones. Según un informe realizado por la Sigen, el valor de referencia "indicativo de mercado" de cada kit era de $ 6.604, mientras que el Gobierno terminó pagando más de $7.690 por unidad. Según el juez Bonadío, esto demostraría que se pagaron “importantes sobreprecios”.
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