Por qué Guillermo Moreno ya no podrá ser funcionario público

La Corte Suprema de Justicia confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno. La decisión del máximo tribunal activa la inhabilitación del exsecretario de Comercio Interior para ejercer cargos públicos. Los fallos ratificados corresponden a las causas por la compra de cotillón contra el Grupo Clarín y por amenazas durante una asamblea de la empresa Papel Prensa. Un tribunal ahora deberá unificar las penas y notificar formalmente al exfuncionario.

La Corte Suprema confirmó una condena que incluye una inhabilitación absoluta y perpetua para Guillermo Moreno. Esta sanción es parte de la sentencia por el caso conocido como “cotillón anti-Clarín”, que también le impuso dos años y seis meses de prisión en suspenso.

El máximo tribunal también ratificó una segunda condena por el delito de amenazas coactivas en la causa Papel Prensa. Por estos hechos, la pena fue de dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos de queja que presentó la defensa del exsecretario. Con este fallo, ambas sentencias quedaron firmes y deben ejecutarse.

La causa que resultó en la inhabilitación perpetua investigó el uso de fondos públicos para financiar mercadería con consignas contra el Grupo Clarín. Moreno fue acusado por el delito de peculado. La acusación sostuvo que el exfuncionario pagó con dinero estatal gigantografías, stickers, banderas y globos para utilizar en actos políticos. Estos materiales se exhibieron en distintos eventos entre el 1 de enero de 2011 y el 2 de diciembre de 2013.

Las leyendas de los productos incluían frases como “Clarín Miente” o “Clarín. Cadena Nacional del desánimo, ocultamiento, desinformación, miedo”. En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal 7 lo condenó a dos años y seis meses de prisión en suspenso. En ese mismo fallo dispuso su inhabilitación perpetua. También recibieron condenas de dos años de prisión el expresidente del Mercado Central, Fabián Dragone, y los dirigentes Carlos Martínez y Guillermo Cosentino.

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal convalidó la condena en 2019. La defensa apeló, pero la Corte desestimó el planteo. “Pueden inhabilitarme, pero yo hago parto de proyectos colectivos, no de proyectos individuales”, ironizó Moreno cuando escuchó su sentencia original.

El otro expediente que llegó a la Corte Suprema se originó por un hecho ocurrido el 12 de agosto de 2010. Moreno se presentó en una reunión de accionistas de Papel Prensa como representante de los derechos societarios del Estado Nacional. Durante una discusión por la elección de miembros de la comisión fiscalizadora, el exfuncionario exhibió unos guantes de boxeo y un casco de sparring. Colocó los objetos sobre la mesa de las autoridades.

Según las pruebas, dijo a los presentes que eligieran entre unos u otros. “Acá no se vota nada. Las mujeres para atrás y demos la pelea que hay que dar”, expresó en otro momento. Un video registró parte de la secuencia. El extitular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, fue el encargado de tapar la cámara. Moreno también advirtió a los accionistas privados que la asamblea terminaría mal.

En 2022, los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer lo condenaron a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas. La jueza Gabriela López Iñiguez votó por su absolución. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la apelación de su defensa. El juez Daniel Petrone, con la adhesión de Diego Barroetaveña, afirmó que no existió una violación al derecho de defensa. El máximo tribunal ahora desestimó el último recurso por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

El dirigente y diputado electo Juan Grabois defendió a Moreno tras la decisión judicial. Calificó el fallo como “un nuevo acto de proscripción política”. Definió la decisión como “la segunda pena de muerte civil contra un peronista que decreta este año el triángulo de escribas”.

Grabois expresó su postura en sus redes sociales. Acusó a la Corte Suprema de bailar “al ritmo del poder”. Sostuvo que en la Argentina “no hay estado de derecho” y que al kirchnerismo le queda por delante una “intensa resistencia”.

Moreno enfrenta otra condena por la manipulación de datos del INDEC entre 2006 y 2007. En esa causa, el exfuncionario recibió una pena a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación por los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos. Este caso también espera una decisión final del Máximo Tribunal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Nicolás Pizzi.