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Se cayó la sesión para sancionar la ley que prohíbe a los trapitos en Santa Fe
El debate no avanzó por diferencias en el oficialismo y continuará recién luego del receso invernal, que se extendería hasta fines de mes
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LA NACION
A diferencia del acuerdo que hubo en la Legislatura porteña, donde en junio se aprobó el endurecimiento de penas para trapitos no autorizados, el Senado de Santa Fe no pudo convertir en ley el proyecto para prohibir la actividad de los cuidacoches en la provincia por falta de consenso en el oficialismo, por lo que el debate recién continuaría a fines de julio, luego del receso invernal.
La iniciativa había logrado media sanción en Diputados el pasado 5 de junio y se aprestaba a ser transformada en ley este jueves. Sin embargo, el interbloque Unidos no logró saldar sus diferencias y la jornada se postergó.
Está previsto que la actividad en la Cámara alta santafecina regrese a fines de mes debido al receso por las tareas de mantenimiento que se llevarán a cabo en las próximas semanas.
Según consignó el diario provincial La Capital, el diálogo entre el ala socialista del bloque y el sector que responde al intendente Pablo Javkin se congeló ante las modificaciones que la Cámara baja santafecina realizó sobre el proyecto original presentado por el senador provincial Ciro Seisas.
El texto que llegó a Diputados establecía sanciones duras para quienes realizaran la actividad, desde trabajo comunitario hasta la detención por motivo de reincidencia, y con agravantes en los casos de amenazas o violencia.
Durante el debate, se incorporaron modificaciones que buscaron limitar la aplicación de las sanciones a aquellas personas que lleven a cabo la práctica sin autorización y en lugares donde exista previamente una prohibición en la normativa local.
Aún así, se mantuvieron las penas para aquellos que exijan en forma intimidatoria un pago por estacionar o realizar tareas de cuidado relacionadas al vehículo, además de la prohibición de concurrir al lugar de infracción por parte del trapito por un plazo máximo de 60 días, con posibilidades de extenderse hasta 120 en casos especiales, como eventos masivos.
A su vez, se agregó un artículo para la creación de dos juzgados de primera instancia, uno en Rosario y otro en Santa Fe, con el objetivo de que sean los responsables en los trámites respecto a las posibles contravenciones.
En la previa, el propio ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, había pedido que la resolución de un posible conflicto se resolviera de forma más ágil.
“No me traten al trapito como que hay que hacerle un juicio y nombrar un fiscal. Eso es un gastadero de plata y hay formas más baratas de resolverlo, como habilitar al policía para que lo saque y listo”, expresó el funcionario.
En ese marco, el Senado debía debatir si rechazar o aceptar las modificaciones, pero no hubo acuerdo a tiempo y ahora los senadores tendrán al menos tres semanas para intentar resolver las diferencias.
La ley aprobada en la Ciudad
En la Legislatura porteña, un proyecto similar se aprobó el pasado 18 de junio. Se trató de una reforma del Código Contravencional impulsada por Pro y La Libertad Avanza (LLA) que elevó las multas hasta los $6,6 millones, amplió los plazos de arresto e incorporó nuevos agravantes vinculados a situaciones de intimidación, organización previa y actuación en eventos masivos.
La normativa incorporó la figura de un agravante específico para los casos en que se comprueben amenazas o conductas intimidatorias hacia conductores y endureció las penas en caso de existir una organización previa detrás de la actividad.
A su vez, estableció sanciones agravadas para quienes ejerzan la actividad en un radio de hasta 30 cuadras de estadios, recitales, parques o eventos de gran convocatoria, desde tres horas antes de su inicio y hasta dos horas después de su finalización.
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