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Un funcionario clave de Kicillof dio detalles de la intimación contra Mercado Libre
“Las relaciones son desiguales y la parte más fuerte siempre tiene las de ganar”, afirmó el ministro de Producción, Augusto Costa
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LA NACION
El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, justificó este viernes la intimación que el gobierno bonaerense le hizo a Mercado Libre por prácticas “abusivas” y advirtió que se trata de una empresa que tiene “posiciones dominantes en los mercados donde opera y también es la más denunciada por los consumidores en la provincia de Buenos Aires”.
“Mercado Libre recibió más de 2.400 denuncias de los consumidores en el primer cuatrimestre del año. Son por problemas con la devolución de los productos, cláusulas abusivas, fraudes y estafas, donde hubo problemas con el uso de las plataformas y a los usuarios se les imputaron operaciones que no habían realizado”, detalló Costa, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador Axel Kicillof.
El ministro de Producción explicó: “Nos pusimos a analizar de oficio cómo es el sistema de términos y condiciones que establece la plataforma de Mercado Libre cuando uno se baja la aplicación y se suscribe a sus servicios, eso que nadie mira”.
Y añadió: “Que nadie mire la letra chica implica que haya diferentes cláusulas que van en contra de la Ley de Defensa del Consumidor”.
“Existe una ley de Defensa al Consumidor porque, en una relación de consumo entre una empresa con un poder tan importante como Mercado Libre, las relaciones son desiguales y la parte más fuerte siempre tiene las de ganar”, afirmó en declaraciones a radio Futurock.
Los cuestionamientos
Costa planteó que “la ley de Defensa al Consumidor establece ciertos requisitos que debe cumplir cualquier transacción para que proteja a los consumidores”.
“Cuando, sin saberlo, aceptás los términos y condiciones de Mercado Libre, estás aceptando que te pueden cobrar tarifas ‘en algunos casos’, según dice la cláusula, y eso va en contra de lo que es básico en cualquier acuerdo de compra-venta de un servicio, que es que el consumidor tiene que saber lo que va a pagar”.
Al respecto, amplió: “La empresa asume que puede cambiar los términos y condiciones, es decir, las obligaciones y derechos del consumidor, las veces que quiera, y que si el consumidor sigue usando la plataforma, está aceptando esos cambios”.
“También te hace responsable en el caso de que te hackeen la cuenta, cuando tiene que garantizar la seguridad en este tipo de situaciones. Y se atribuye la capacidad de retenerte plata o debitarte parte de tus ingresos a través de las plataformas para cobrarse alguna deuda, y esto no se puede”.
La intimación
El gobierno de Kicillof intimó el miércoles último a Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperin, y advirtió que podría aplicarle una multa de $1.815 millones si no elimina una serie de cláusulas que la Provincia considera “abusivas” y contrarias a la Ley de Defensa del Consumidor.
Desde la compañía, en tanto, rechazaron las acusaciones planteadas y defendieron el funcionamiento de su sitio web.
A través de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, la provincia de Buenos Aires (PBA) inició una actuación de oficio en la que revisó los contratos que la empresa de e-commerce publica en su sitio web luego de encontrar irregularidades que podrían perjudicar a los usuarios de la plataforma.
La medida fue impulsada por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, que inició una actuación de oficio tras revisar contratos de adhesión y términos de uso publicados por la compañía en su plataforma.
Consultado sobre si había una motivación política por parte del gobierno bonaerense dadas las críticas habituales de Galperín desde las redes sociales a las gestiones del kirchnerismo, Costa respondió: “Por supuesto que no”.
“Desde Defensa del Consumidor hicimos invitaciones y expedientes a muchísimas empresas, de varios rubros, y tuvimos resultados muy buenos en términos de Defensa del Consumidor. El año pasado Netflix también había introducido cláusulas abusivas, las intimamos, la empresa reconoció que no eran correctas, las cambió y, a partir de ahora, todos los usuarios de la plataforma tienen sus derechos mejor protegidos”, detalló.
Y añadió: “Puedo nombrar 10 casos de empresas de cualquier rubro donde, por responsabilidad del Estado provincial, estamos actuando”.
“Las formas y provocaciones de Galperín no cambian para nada la voluntad de trabajar con cualquier empresa en la provincia de Buenos Aires”, concluyó Costa.
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