1
Una Corte astillada prepara el fallo más crítico para el Gobierno
1 minuto de lectura'
LA NACIONJorge Liotti
La Corte Suprema llega a su semana clave totalmente astillada por dentro. El martes se pronunciará sobre el índice que se debe aplicar para el cálculo de los pagos jubilatorios retroactivos, la decisión más importante de su año judicial, que tiene pendiente al Gobierno desde hace tiempo. Lo hará en medio de un clima de extrema tensión, cargado de internas, desconfianzas y acusaciones veladas.
El lunes ya se había percibido un indicio del nivel de contaminación del aire en Tribunales cuando los cinco ministros se reunieron para definir posturas sobre la aplicación de la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz. Pidieron estar solos, sin letrados, pero se retiraron sin mostrar sus cartas ni firmar el fallo. Recién lo hicieron el martes en la acordada formal. El temor a las filtraciones impera en todo momento.
La semana continuó con otro movimiento inquietante. Tres de sus integrantes, Ricardo Lorenzetti , Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda pulieron una acordada para restarle al presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz , su rol de máximo responsable de la administración del cuerpo. La idea es pasar a un sistema colegiado que requiera de la intervención de todos sus miembros. Lorenzetti, que manejó las cuentas con puño firme durante su presidencia, intentó sumar a Elena Highton con el argumento de la democratización de las decisiones. Rosencrantz, sorprendido, dijo que no se opondría a un esquema horizontal, siempre y cuando sea reglado y no discrecional. Aún se sienten los coletazos de la pelea por Héctor Marchi, el hombre de confianza de Lorenzetti en el manejo del tribunal, a quien Rosenkrantz no pudo desplazar y cuya gestión Elisa Carrió intentó, sin suerte, auditar.
Es evidente que la Corte sufre un desgastante proceso de transición desde que hace tres meses Rosenkrantz sucedió a Lorenzetti en la presidencia del cuerpo. El argumento central de quienes apoyaron esa movida, Rosatti y Highton, era que el estilo personalista de Lorenzetti, su manejo discrecional de la agenda de temas y el ritmo de los fallos debían ser modificados. Lorenzetti interpretó entonces que Rosenkrantz era un caballo de Troya de Rosatti, un magistrado con reconocida cintura política y su verdadero rival interno.
Pero el escenario ya cambió. Como si se tratara de un fragmento de El Príncipe de Maquiavelo, Rosatti y Lorenzetti ahora se unieron en sus cuestionamientos a Rosenkrantz, tándem al que suele sumarse Maqueda, para articular lo que el gremialista Julio Piumato bautizó "la mayoría peronista", una expresión que el Gobierno ya adoptó. El ministro de Justicia, Germán Garavano, le carga la factura de Rosatti a la cuenta de Carrió, la protagonista omnisciente en esta obra. Muchos se preguntan si Rosatti está apurando los tiempos para ser designado presidente o si a su vez terminará convertido en caballo de Troya del regreso de Lorenzetti. Highton, apartada de las intrigas, bascula en su debilidad de raíz: sabe que sigue en el tribunal por una polémica interpretación de la norma -apañada por la Casa Rosada- que exige jubilarse a los 75 años.
Esta fractura no solo se expresa en los temas administrativos. También se nota en varios fallos. En el reciente pronunciamiento sobre la aplicación del 2x1 a los delitos de lesa humanidad Rosenkrantz quedó solo con su voto positivo, y el día en que se aprobó la devolución de fondos a la provincia de La Pampa él estaba almorzando con el presidente Mauricio Macri y no adhirió. Podría volver a quedar en minoría en el tema jubilatorio.
Sin embargo, en el plano estrictamente judicial hay más posibilidades de que las posturas no sean tan rígidas. En el fondo todos los ministros son juristas de prestigio que no se arriesgarían a una contradicción. Pero está claro que quedó en el pasado aquella dinámica liderada por Lorenzetti, que militaba largamente cada expediente con cada uno de sus pares hasta lograr consenso, tarea que incluía algunos contactos institucionales con la Casa Rosada, y que algunas veces llevaba hasta el propio presidente de la Corte a modificar su postura con tal de exhibir un tribunal monolítico. Ahora impera la dispersión y cada fallo es imprevisible.
La otra expresión de la fractura se da en las cuestiones operativas. Por ejemplo, Rosatti impulsó la definición de un cronograma fijo de fallos para el cierre de este año y aspira a hacerlo también en 2019, para tratar temas de una alta sensibilidad como la utilización de la prisión preventiva en casos de corrupción o la prisión domiciliaria para delitos de lesa humanidad. El santafesino está obsesionado con acelerar los plazos judiciales porque entiende que es una demanda social insoslayable. Rosenkrantz, no está tan convencido porque entiende que a veces se fuerza a definiciones apresuradas que atentan contra la coherencia jurídica.
La situación de Rosenkrantz es incómoda ante una dinámica que lo desborda. Pero luce convencido. Reivindica el concepto de autoridad por sobre la noción de poder, en un palacio judicial por cuyos pasillos circulan tantos expedientes como conspiraciones. Incluso reivindica sus disidencias en solitario, convencido de que no es tarea del presidente del cuerpo ser un formador de mayorías. Un principista en una casa de pragmáticos del poder.
La "mayoría peronista" está convencida de que Rosenkrantz es una terminal del Gobierno en la Corte y por eso busca recortarle poder. Pero en la Casa Rosada impera más bien el agotamiento con un recambio que no terminó siendo lo que imaginaron cuando auspiciaron la salida de Lorenzetti. "El trío opositor está consolidado y aprovecha el momento de debilidad del Gobierno. Hay que tener paciencia. Esto se va a ordenar cuando ganemos las elecciones en 2019", analizan cerca de Garavano.
La espera de los jubilados
En este contexto de convulsión, la Corte se pronunciará pasado mañana muy probablemente a favor de la demanda de los jubilados que reclaman la aplicación el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic) y no del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Establs (Ripte), en general menos favorable. La mayoría peronista la avalaría, Rosenkrantz se desmarcaría y Highton es una incógnita. El tribunal se pronunciará sobre un caso en particular, el del jubilado Luis Orlando Blanco, pero tiene otros 11.766 expedientes elevados a los que se aplicaría la sentencia inmediatamente. Además hay una cifra indeterminada (se habla de entre 100.000 y 150.000) de trámites dispersos en juzgados de todo el país, que podrían seguir los mismos lineamientos. Son todos casos de personas que no aceptaron la reparación histórica y cuyos haberes fueron calculados entre 2002 y 2008, pero a los que el fallo de la Corte afectaría en forma variable según el año. El rango variaría desde una mejora del haber del 60% hasta una pérdida del 20% (solo una minoría). Más allá del índice, conceptualmente lo que está en juego es quién tiene la facultad de definir el índice. Al aceptar el Isbic se reconocería la potestad del Congreso en la materia, en detrimento de la Anses. Estaría en línea con un concepto que un sector de la Corte busca generalizar: que la política sea más determinante en este tipo de cuestiones para evitar una judicialización constante.
Al principio, el Gobierno transmitió su preocupación por el impacto económico, pero ahora asegura que no será tan gravoso para el fisco. El giro responde a tres razones. La primera: como presume que el fallo será adverso busca preparar el terreno ante la opinión pública. La segunda: asegura que la Corte hará una aplicación acotada del índice. Y la tercera: el fallo no hará efectivos los pagos en forma inmediata. "Esto le va a tocar al próximo gobierno", admitió un ministro, como si Macri no apostara a la reelección. Los plazos de ejecución de la Anses ante los fallos judiciales están entre uno y dos años. Para 2019 tienen un presupuesto para el pago de retroactivos de $34.538 millones, y no hay margen para estirarlo.
Por eso el problema mayor del fallo de la Corte no es económico sino judicial: el Gobierno había apostado a clausurar el elevado índice de litigiosidad con la reparación histórica, a pesar de que todavía hoy recibe unos 2000 juicios por mes. Ahora teme que la acordada del máximo tribunal habilite a todos los que aceptaron ese acuerdo a reclamar que le apliquen el índice más beneficioso. Al final del camino emerge el colapso del sistema jubilatorio, un desafío ineludible para la próxima administración.
Más leídas de Política
