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Allanan a un intendente paraguayo que daba refugio al “rey de la marihuana” correntino
Ariel Arce Rotela, jefe comunal de la localidad de Mayor Martínez, es sospechoso de “comprar” un expediente por US$120.000; él escondía a “Morenita” Marín, quien murió abatido por la policía en Itatí
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CORRESPONSAL EN ROSARIOGermán de los Santos
ROSARIO.− Las dos historias −la del narco correntino abatido en agosto de 2023 y la del político guaraní allanado esta semana− están unidas por un mismo hilo: el tráfico de grandes cargamentos de marihuana en una frontera donde el Estado es una ficción. Una frontera que durante años estuvo custodiada, del lado argentino, por un juez federal que cobraba coimas a los traficantes que debía investigar.
Morenita Marín se crió en las orillas del Paraná, en Itatí, un pueblo de 10.000 habitantes que vive del merchandising de la Virgen y del contrabando. De joven aprendió el oficio que lo llevaría a la cárcel y después a la muerte: cruzar cargamentos de marihuana desde Paraguay.
Su organización, junto con la de Luis Saucedo −conocida como “Los Gordos”− y la de Carlos Bareiro, manejaba la distribución a gran escala en al menos siete provincias argentinas. Según el expediente judicial, pasaban unas 15 toneladas semanales. Los Monos, en Rosario, eran clientes desde fines de los años 90.
En 2016, la Operación Sapucay desarticuló la estructura. Cayeron el intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y su vice, Fabio Aquino. Fueron detenidos policías correntinos que daban cobertura a la banda. Pero Morenita se escapó. Estuvo prófugo hasta octubre de 2018, cuando la Gendarmería lo encontró donde siempre volvía: su casa, a 30 metros del río: había cruzado en canoa desde Paraguay para visitar a sus hijos.
Lo condenaron a ocho años de prisión como organizador de maniobras de narcotráfico. En la causa, Marín declaró que le compraba los cargamentos a dos paraguayos con largo recorrido en el negocio: los hermanos Hugo y Ariel Arce. Un testigo protegido confirmó la cadena ante los fiscales argentinos: los Arce traían la marihuana del norte de Paraguay hasta la ciudad de Ayolas, y desde allí la distribuían por agua a Itatí, Yahapé, Paso de la Patria y la capital correntina.
Después de la condena, Marín ingresó en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Le dieron una casa con pileta en la provincia de Buenos Aires, un auto y una identidad nueva. Pero la convivencia con el programa fue un fracaso. En febrero de 2023, Morenita dijo que iba al hospital y no volvió.
Se sospechó que había cruzado a Paraguay. Efectivamente, fue ubicado en una isla frente a Itatí. Dormía en territorio paraguayo, en la zona de Itá Corá, donde los Arce manejan un hotel y un poder territorial que no necesita explicaciones. Pero Morenita tenía también problemas del otro lado: acarreaba una deuda de drogas con el clan Rotela, que controla la distribución en Asunción. Por eso cruzaba cada vez más seguido a Itatí. Lo hacía de noche, con un DNI falso a nombre de Mauricio Navarro.
El 28 de agosto de 2023, detectives de la Policía Federal lo encontraron en las calles de Itatí. Circulaba en un Fiat Uno que le había dado el Estado, junto con su esposa, su hija y un arsenal: dos pistolas y tres revólveres. Cuando le dieron la voz de alto, se bajó del auto y abrió fuego. Hirió a dos policías. Los efectivos repelieron la agresión. Morenita murió en su pueblo, a metros del río que le había dado de comer.
Ariel Arce Rotela tiene 44 años. Es intendente de Mayor Martínez, en el departamento de Ñeembucú, desde hace dos mandatos. Referente del movimiento Honor Colorado, aparece en fotos junto al vicepresidente paraguayo Pedro Alliana y junto al presidente de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes. Su hermano Hugo es dueño de un hotel imponente en Itá Corá, a orillas del Paraná.
La Prefectura de Itatí tiene a los hermanos en su radar desde hace años. Un informe de la Gendarmería Argentina fue la base de la información que llegó a las autoridades paraguayas y disparó la investigación que ahora sacude a Ñeembucú. Un testigo de la Operación Sapucay los señaló como proveedores de las organizaciones que operaban en Itatí. Un inspector de policía de la administración de Terán, según ese mismo testigo, trabajaba de cerca con ellos.
Pero en Paraguay no prosperó ninguna causa. Los hermanos Arce no acumularon antecedentes judiciales. No había oficina permanente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en Ñeembucú. Un solo oficial de policía antinarcóticos cubría todo el departamento. La ausencia del Estado, en la otra orilla del Paraná, era simétrica.
La situación cambió esta semana. El 16 de abril, fiscales y policías llevaron adelante allanamientos simultáneos en la Municipalidad de Mayor Martínez, la residencia de Arce en Pilar, la Unidad Fiscal N°1 de Asunción, una vivienda en Luque y otra en Villa Elisa. La operación fue encabezada por la fiscala María Verónica Valdez Rivas, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, acompañada por el Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional.
Lo que encontraron en la casa de Arce confirmó lo que los investigadores venían sospechando: los cuatro tomos completos de la llamada Operación Scar, la pesquisa que la Fiscalía de Narcotráfico había montado en su contra. El intendente habría pagado 120.000 dólares por esa documentación. La cadena de la filtración, según la hipótesis del Ministerio Público, funcionó así: Alba Cristina Duarte, asistente fiscal de 39 años, trabajaba en la oficina del fiscal César Sosa, dentro de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado. Aunque no llevaba la causa, tuvo acceso al expediente, la copió y se la entregó a su pareja, Damián Cardozo, precandidato a concejal por Honor Colorado en Villa Elisa. Cardozo, según la teoría fiscal, fue el intermediario que vendió la información al intendente. La propia unidad fiscal donde trabajaba Duarte fue la que detectó la irregularidad y denunció a sus superiores.
El comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, lo describió como un caso de cohecho pasivo agravado. El senador opositor Rafael Filizzola fue más directo: lo llamó la radiografía de un Estado capturado por la mafia.
Arce negó los vínculos con el narcotráfico. Dijo que pensó que lo querían estafar cuando recibió los documentos. Pero la investigación avanza: el Tribunal Superior de Justicia Electoral pidió un informe para verificar el origen de los fondos del intendente durante su campaña.
Hay un tercer protagonista en esta historia: el exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, condenado en junio de 2023 a seis años de prisión por cohecho pasivo agravado y prevaricato. Cobraba coimas a narcotraficantes que él mismo investigaba, a cambio de beneficiarlos con decisiones judiciales. El juez que tenía competencia electoral en Corrientes era parte del engranaje que protegía el tráfico de marihuana desde Itatí.
En el expediente de la Operación Sapucay había 4000 CD con escuchas telefónicas que Soto Dávila nunca investigó. Voces de narcos, de policías, de funcionarios. Material suficiente para desmontar una red. El juez lo dejó dormir en un cajón. La condena a Soto Dávila cerró un ciclo de impunidad. Pero la estructura que él protegía no desapareció. Cambió de actores, se reacomodó.
Morenita Marín murió con una pistola en la mano, en la misma tierra donde había crecido. Ariel Arce enfrenta una investigación que podría desarticular su poder en Ñeembucú. Soto Dávila cumple condena.
Son tres piezas de un mismo rompecabezas: el del narcotráfico en la frontera más porosa del Cono Sur, donde el río Paraná es menos un límite que un corredor, y donde el poder político y la justicia han sido, durante décadas, socios del negocio.
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