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Dos presos planificaban un atentado contra la fiscal de San Isidro que los puso tras las rejas
Los detenidos en una causa por robos contaban con información de los movimientos de la funcionaria judicial y de sus familiares
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LA NACIONDaniel Gallo
Todo comenzó en un garaje de Tigre, donde los clientes dejaban sus vehículos en esa cochera de alquiler sin saber que eran evaluados como potenciales blancos para entraderas. Uno de los violentos robos derivó en la pista sobre el grupo que clonaba llaves dejadas dentro de los automóviles y que había ingresado en una casa con esa copia. Ese caso abrió el expediente en noviembre de 2024 y ocho meses después ya se habían concretado varios allanamientos y arrestos cuando la fiscal Paula Hertrig recibió el análisis forense de celulares secuestrados en esos procedimientos. La causa dio un giro cuando la funcionaria judicial observó que entre las fotos que intercambiaban los sospechosos aparecían imágenes del frente de su vivienda. Estaba en marcha la planificación de un atentado en su contra. Ayer fueron allanadas celdas en dos cárceles en procura de hallar más información sobre ese plan criminal.
La alerta para la fiscal de San Isidro que investigaba a una asociación delictiva que cometía robos en la zona norte del conurbano era clara. Personas a las que mantenía con prisión preventiva habían logrado acceder a datos sensibles. No solo conocían su casa, sino que habían obtenido el número de su celular privado -no la línea que utiliza para su cotidiana tarea en la fiscalía- y los de aquellos que forman su círculo íntimo. Los presos se intercambiaban, incluso, la imagen de la fiscal que esta identificó como la foto que lleva su licencia de conducir y también datos sobre el esposo de la funcionaria, un comisario mayor de la policía bonaerense, con fotos vestido de uniforme.
Muchas información fuera del acceso público y que no puede alcanzarse con una búsqueda de IA, pese a que se encontraron en los teléfonos incautados registros de preguntas sobre la fiscal al ChatGPT. Y de los intercambios de mensajes surgieron las amenazas. “Ahora voy por esta p... de la fiscal”, fue uno de los textos que un recluso del penal de Florencio Varela le envió a su compinche alojado en el presidio de Campana, en una de esas madrugadas en las que se nadie controla las conversaciones que los presos realizan con sus celulares autorizados. Menos aún con las líneas clandestinas que proliferan en los pabellones bonaerenses. Esos diálogos fueron hallados en un teléfono que no estaba habilitado para ser utilizado en prisión, pero que estaba activo dentro de la celda allanada.
Personal de la DDI de San Isidro ingresó ayer nuevamente en las celdas donde se alojan los dos hombres señalados como planificadores de un atentado contra la fiscal Hertrig. En la Unidad Penal 31 de Florencio Varela los policías secuestraron celulares utilizados por Martín Darío Rettori, de 42 años y el hombre que habría sido el más activo en la obtención de datos sobre la funcionaria judicial y su familia. Ese recluso fue quien presentó a su interlocutor dos posibles caminos para enfrentar a la fiscal que los había llevado a prisión: “Le mando una corona de muerto o la hago cagar a balazos”.
Ese mensaje, de acuerdo con la investigación judicial, lo recibió Ariel Ernesto Libertini en el penal de Campana, donde comparte celda con uno de sus hermanos. El allanamiento que se había hecho el año pasado en ese pabellón permitió la incautación de tres celulares que usaba Libertini y dentro de unos de esos aparatos aparecieron las imágenes del frente de la casa de la fiscal Hertrig. Ayer se encontraron otros teléfonos en la nueva requisa en esa celda de Campana. Los peritos informáticos analizarán el contenido para intentar identificar nuevos mensajes vinculados con el potencial atentado contra la funcionaria judicial y, especialmente, se busca determinar la forma en que la banda obtuvo la información reservada sobre la fiscal.
En los operativos solicitados por el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, se incautaron tres celulares en los que podría encontrarse información para seguir con el avance de la investigación.
Al pedir esos procedimientos concretados ayer en los penales bonaerenses de Florencio Varela y Campana, el fiscal general Ferrari detalló que los datos obtenidos hasta el momento “indicarían intenciones de dar muerte a la Sra. Fiscal y a miembros de su familia, como así también, traspaso de información sensible a su respecto y a su entorno”.
Entre los diálogos que surgieron de la recuperación de datos de los celulares secuestrados el año pasado, aparece otra idea que pensaba poner en marcha Rettori, el preso en el penal de Florencio Varela, como posible paso inicial antes de avanzar con un plan de agresión directo contra la fiscal. Al acceder al número privado de Hertig, ese reo habría diseñado una táctica para atacar la credibilidad de su acusadora. Según figura en los documentos judiciales, reclamó a los miembros de la banda que agregasen entre sus contactos de WhatsApp a la funcionaria judicial para que en caso de secuestrarse esos teléfonos llame la atención la presencia de ese número.
En la explicación que brindó a su compinche preso en Campana, ese hombre -señalado por la acusación de Hertig como el jefe de la asociación ilícita que robaba en casas de clientes de un garaje en Tigre- indicó que si el caso avanzaba, haría “una masacre” al pedir declarar ante un juez de Garantías. Si se presentaba esa ocasión, Rettori declararía que toda la banda era controlada por la fiscal y por su esposo, comisario mayor, y que los arrestos solo habían sido una fachada armada por Hertig para no exponer su doble juego. Por eso pretendía que el contacto de la fiscal figurase en todos los teléfonos del grupo delictivo. Si no prosperaba esa idea, mantenía el preso la alternativa de los disparos.
La causa en la que están detenidos los ahora acusados de planificar el asesinato de una fiscal se había iniciado, como se consignó, en una serie de robos y entraderas que se realizaban en la zona norte del conurbano luego de que las víctimas dejasen sus vehículos en una cochera privada. De ladrones violentos a ideólogos de un atentado contra quien los puso tras las rejas. Un camino que en el distrito judicial de San Isidro había transitado ocho años antes otro delincuente.
En otra celda de una cárcel bonaerense, un preso con nombre artístico planificaba en 2018 una venganza contra el fiscal que lo había acusado y conseguido una condena de ocho años por un robo agravado cometido en 2015. En la Unidad Penal 48 de San Martín, Ignacio Pardo Paso había dejado atrás el alias de Naco Goldfinger que lo identificaba cuando era saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs. En ese momento se lo veía como otro recluso más en el penal. Pero una investigación expuso que estaba avanzada una planificación contra el fiscal Ferrari, el mismo que ahora investiga a aquellos que planeaban matar a una de sus colegas en San Isidro.
Descubierto y frustrado el plan, Pardo paso fue transferido a un penal de máxima seguridad, pero reapareció en medio de la pandemia y no como víctimas del Covid-19. Pese a ser señalado como instigador de un atentado que no llegó a la fase de ejecución, fue liberado por la política de evitar contagios en las cárceles. En 2021, seis meses después de dejar la prisión, fue encontrado como náufrago en el Río de la Plata, con 37 kilos de cocaína flotando en la zona.
Por Daniel Gallo
