Fue a un “privado” de Belgrano, se hizo pasar por cliente para robar y casi mata a una prostituta

Primero, hizo una consulta por WhatsApp. Eran las 2 del 3 de junio pasado. Pablo Vicente Murúa dijo estar interesado en los servicios sexuales que se ofrecían por internet. Media hora después llegó en moto a Belgrano desde el barrio de Mataderos. Tuvo que esperar hasta que le pasaran la dirección exacta del “privado”. Pocos minutos después estaba con una joven en la habitación de un departamento de un edificio situado en Arribeños al 2100. En ese momento se terminó la simulación. En vez de sacarse la ropa, extrajo un arma de fuego. “Dame la plata que tengas y callate la boca. Te pego un tiro”, le dijo. Tras exigirle el celular, le tapó la boca con una cinta y, con precintos, la maniató. Nervioso salió al pasillo y, a los gritos, les ordenó a las otras dos prostitutas que le dieran el dinero y los teléfonos. “No llamen a la policía. Las entregaron”, espetó.

El delincuente logró atar con precintos a unas de las chicas. Pero, Fernanda A., que estaba más cerca de la puerta y con un juego de llaves en las manos, logró salir al palier. Pidió ayuda. Golpeó dos veces la puerta del departamento donde vive el encargado del edificio. Entonces, Murúa le gritó: “Te mato” y le apuntó a la cabeza. Le disparó. El proyectil rozó la sien de la prostituta, que salvó su vida de milagro.

Así se desprende del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Fiscalía Descentralizada de los barrios de Núñez-Saavedra, a cargo del fiscal José María Campagnoli, ante el juez Diego Souto. El representante del Ministerio Público solicitó que Murúa, de 47 años, sea juzgado por los delitos de robo agravado por su comisión mediante el uso de un arma de fuego, portación de arma de fuego de uso civil condicional sin la debida autorización legal y homicidio criminis causae cometido para procurar su impunidad.

“En este sentido, se disiente con la calificación legal impuesta por el tribunal [en referencia a una resolución firmada por el juez Fernando Caunedo cuando subrogaba el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31], limitada a un concurso real entre el delito de robo agravado por su comisión con un arma de fuego y el de portación atenuada de aquella arma sin autorización legal. Lo cierto es que, a criterio de esta parte, lo ocurrido en el palier del primer piso del edificio ubicado en la calle Arribeños, hecho respecto del cual no ha dado evidencia alguna la calificación escogida por el tribunal, constituye un intento de homicidio criminis causae, determinado a lograr impunemente la apropiación de aquellas pertenencias que previamente le fueran arrebatadas a las víctimas dentro del departamento, tras haberlas intimidado, exhibiéndoles un arma de fuego. Aquella acción -disparo de un arma dirigido a la cabeza de la víctima- y la manifestación de la voluntad y de la intención de Murúa al decirle a su víctima ‘te mato’, constituye un evidente e irrefutable intento de darle muerte. El no haber logrado el objetivo buscado no es fundamento de la falta de dolo homicida, como parece desprenderse de la reflexión del auto de procesamiento, sino simplemente del frustrado resultado de aquella finalidad, la cual encuentra una íntima conexión con el pedido de auxilio que la víctima realizara momentos antes de haber sido efectuado el disparo, con el claro propósito impedir el auxilio y de concretar con impunidad el delito anterior", se afirmó en el citado dictamen al que tuvo acceso LA NACION.

Esa madrugada, tras sentir el roce del proyectil, Fernanda A. se tocó la cabeza y cayó de rodillas al suelo. No perdió el conocimiento. Murúa escapó con el botín, entre 60.000 y 80.000 pesos y cuatro teléfonos celulares. Corrió por la calle Arribeños y en la avenida del Libertador y Juramento se encontró con una mujer que lo esperaba en una moto. Antes de irse, compró un chocolate en un quiosco.

“A partir de las pruebas incorporadas a la causa es posible concluir, con el grado de probabilidad que exige esta etapa del proceso, que se encuentra acreditada tanto la materialidad de los hechos como la responsabilidad penal de Murúa”, se explicó en el requerimiento de elevación a juicio.

El sospechoso, según se desprende del expediente judicial, fue identificado por las tareas investigativas que hicieron detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y el análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad privadas y públicas que realizaron los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

Primero se estableció que, el 3 de junio pasado, a las 2.37, “un hombre -con zapatillas negras con suela blanca y dibujos blancos en los costados, jean azul y abrigo oscuro-, caminaba con un teléfono en la mano por la calle Arribeños y que, a las 2.47, esa misma persona pasó corriendo por la misma calle, en dirección contraria, esto es, sentido a la calle Juramento”.

Ese mismo hombre, a las 2.33, había llegado a la zona en una moto, en compañía de una mujer. Estacionaron en la avenida del Libertador y Juramento.

“Allí se quedaron la moto y la mujer, mientras que el hombre descendió y caminó en dirección a Arribeños. Minutos después, a las 2.48 horas, se lo observó volver apresurado y detenerse en el quiosco, donde pareció haber realizado una compra. Luego, subió a la moto y ambos se retiraron del lugar, con cascos colocados con detalles en rojo. Tras el seguimiento, su último registro fue en la avenida General Paz, altura de la calle Emilio Castro”, según se desprende del expediente judicial.

A partir de la reconstrucción que lograron hacer los operadores del CMU de la Policía de la Ciudad se pudo determinar que la moto en la que se fueron el sospechoso y su acompañante había comenzado el viaje a las 2.11 desde la avenida Juan Bautista al 6800, en Mataderos.

Entonces, con las máquinas lectoras de patentes instaladas en distintos puntos de la ciudad, se pudo identificar la matrícula de la moto marca Yamaha modelo MT07ST y su titularidad: Pablo Vicente Murúa.

“Se determinó así que la fisonomía del titular de la moto con la que se movilizaba el autor del hecho era muy similar a los detalles brindados por las víctimas y por las primeras imágenes que se obtuvieron de las cámaras privadas, apreciación luego confirmada”, se dijo en el requerimiento de elevación a juicio.

Y, se agregó: “A su vez, se pidieron los registros de las cámaras de seguridad del quiosco 24 horas de la esquina de avenida la del Libertador y Juramento, donde se pudo observar con claridad que el autor efectivamente se trataba de Murúa. En las filmaciones, se aprecia con detalle su rostro, su apuro y su estado de nerviosismo, el momento preciso en el que pide un chocolate y luego se retira de la visual de la cámara para, probablemente, recibirlo y pagar. Se detallan en esas imágenes, además de su estado, la vestimenta y los rasgos descriptos por las víctimas, y que se retira del lugar a bordo de una motocicleta que allí lo estaba esperando. Estas imágenes y videos se condicen con las observaciones realizadas por personal del CMU, a partir de las cámaras públicas”.

Después se determinó, a partir de información aportada por personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que el día siguiente al robo e intento de homicidio en Belgrano, Murúa tuvo un accidente con la moto en Merlo.

El sospechoso y su acompañante, una joven de nombre Rocío, resultaron heridos. Fueron trasladados al Hospital Municipal Eva Perón de Merlo después de haber sufrido politraumatismos.

Murúa se fue del hospital sin el alta médica. Su acompañante quedó internada. La moto fue secuestrada por personal de la comisaría 6a. de Merlo.

“La información fue corroborada por personal de la División Homicidios que vigilaba el domicilio de la avenida Alberti, que en las horas que siguieron pudo documentar la presencia de Murúa en muletas”, según el expediente judicial.

Entonces, en su momento, con las pruebas reunidas, el fiscal Campagnoli pidió la detención de Murúa. Ahora está cerca de ir a juicio.

Por Gabriel Di Nicola

• José María Campagnoli

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