La reforma antidrogas en la ciudad se inició con 253 causas

Se iniciaron 253 causas por narcomenudeo en las dos primeras semanas del cambio más importante en la lucha contra las drogas en la ciudad. Finalmente, el 2 del actual quedó vigente el acuerdo legislativo para adherir a la justicia porteña en la desfederalización de las investigaciones sobre venta minorista de estupefacientes. La ley 26.052, que permite la transferencia de funciones reservadas para la justicia federal, fue promulgada por el Congreso en 2005, pero desde entonces pocos distritos hicieron propia esa norma nacional. La Ciudad inició ahora ese proceso que abre más posibilidades para perseguir a quienes instalan en los barrios sus lugares de comercialización de estupefacientes. Todas las fiscalías y juzgados porteños están habilitados para llevar adelante causas menores de drogas, mientras que los tribunales federales pueden enfocarse en seguir las complejas redes de tráfico.

Casi de inmediato, la Ciudad tuvo su primera condena por narcomenudeo mediante un juicio abreviado. Una mujer fue sentenciada a tres años y seis meses de prisión en suspenso por tenencia simple de drogas. El caso se inició el 3 del actual y en menos de 48 horas ya se había establecido una pena.

Por una denuncia telefónica de venta de estupefacientes se desplegó un operativo en el barrio de La Boca y se capturó a una mujer de 26 años que portaba 19 envoltorios con marihuana y 27 dosis de cocaína. Hasta el mes pasado, un caso de esas características en la ciudad hubiese sido incorporado a juzgados federales y, probablemente, relegado ante causas con mayores ramificaciones. En esta ocasión, tomó intervención la Justicia porteña y la fiscalía penal, contravencional y de faltas N° 29 solicitó el allanamiento de la casa de la sospechosa. Allí se encontraron otros 109 gramos de marihuana y se llegó a la condena por tenencia simple de drogas.

La desfederalización de la lucha contra las drogas es una herramienta que cobró nuevamente impulso a partir de la propuesta de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. La funcionaria considera positivo la separación de casos de venta minorista y de narcotráfico, ya que con más fiscalías y juzgados habilitados para esos temas se pueden enfocar operativos especiales contra el narcomenudeo. Durante mucho tiempo se tomó al dealer como un eslabón menor en la cadena narco, pero la realidad argentina demuestra que son las bandas minoristas las que facilitaron el crecimiento del consumo y la violencia callejera por el control territorial. La ministra nacional pretende que el Congreso de un mayor apuntalamiento al proceso de desfederalización.

Esa ley 26.052 fue aprobada en 2005 a pedido del entonces gobernador bonaerense Felipe Solá. Al ser Buenos Aires la única provincia que en ese momento estaba interesada en hacer participar a su policía y tribunales en la lucha contra las drogas, los legisladores nacionales dejaron abierta la ley a la adhesión distrital. En muchas provincias, los representantes judiciales se opusieron a tener que trabajar en casos vinculados con el narcotráfico, aunque sea a pequeña escala. Salta fue una de las pocas provincias que acompañó a Buenos Aires algunos años después de la promulgación de esa ley de desfederalización. En 2012 se adhirió Córdoba. Entre Ríos aceptó la norma finalmente el año pasado y ahora lo hizo Buenos Aires.

A partir de expedientes resueltos en la justicia federal, la Policía de la Ciudad decomisó el año pasado 415 kilos de marihuana, 57 kilos de cocaína, 11 kilos de paco y 6000 dosis de drogas sintéticas, en causas con 2915 detenidos. Los funcionarios porteños esperan que esas cifras aumenten al incorporarse investigaciones de fiscales y jueces de la ciudad. Por ejemplo, Buenos Aires tiene más de una década de experiencia en ese campo y los números de sus incautaciones exponen diferencias: en los últimos dos años, la policía bonaerense decomisó más de 60 toneladas de drogas, según indicaron en las cercanías del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.

Uno de los problemas que esperan encontrar los funcionarios porteños tiene que ver con la mala definición judicial para la tenencia para consumo personal, la tenencia simple o la tenencia para comercialización. Simplemente, esas diferencias quedan a criterio de cada juzgado. Es un vacío legal que aún no fue llenado por una reforma de la ley antidrogas. Por ahora, todo se apoya en la arbitrariedad de jueces y fiscales. Y no todos opinan lo mismo.

Por eso, el vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli, se reunió el lunes pasado con el fiscal general Luis Cevasco y con otros representantes judiciales para coordinar algunos criterios en esta nueva etapa. "Se debe usar el sentido común", dijo uno de los que participó del encuentro.

Tras la desfederalización de las causas de narcomenudeo en la ciudad de Buenos Aires se concretó un importante procedimiento en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Por pedido de la fiscal Penal, Contravencional y de Faltas Celsa Ramírez fue allanada una vivienda en Rondeau al 2000 y se encontró una gran cantidad de dosis de drogas sintéticas, además de otras sustancias prohibidas que estaban listas para su comercialización minorista. La Policía Federal concretó ese procedimiento y se logró la incautación de 25 dosis de LSD en la variante conocida como micropunto de Estrella Roja, además de 50 pastillas de éxtasis. El sospechoso detenido tenía también 50 gramos de cocaína y 400 gramos de marihuana. El operativo, ordenado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 14, a cargo de Rodolfo Ariza Clericci, fue originado en una investigación de la División Operaciones Antidrogas Especiales de la Policía Federal y la Procunar. El caso sería definido como comercialización de estupefacientes.

Por Daniel Gallo

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