Los reveladores chats de los policías acusados de robar 10 kilos de cocaína que debían quemar

Todo sucedió en diciembre pasado. Personal de la Policía de Chaco debía participar en el Polígono de Tiro de la fuerza seguridad provincial de la incineración de estupefacientes secuestrados en diferentes operativos. Camino al predio, el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez y el cabo Néstor Ariel Urne Canteros se sacaron una foto cuando trasladaban parte de la carga. La imagen fue enviada al grupo de WhatsApp Los laaaaaru laaaaaru. Pocos minutos después, su compañero Gastón Villalba respondió: “Dale campeón” e “hizo e hizo referencia a que no se echen para atrás con la maniobra que iban a realizar”.

La citada maniobra era la sustracción de parte del cargamento de drogas para después vender “la mercadería”. Así se desprende de la investigación del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, que el martes pasado “formuló la acusación con el fin de promover la apertura del juicio oral, contra ocho policías provinciales por el robo de casi 10 kilos de cocaína durante un operativo de incineración de estupefacientes”, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

En la presentación, el fiscal general Patricio Sabadini y la fiscal interina del área, Ruth Hilgenberg, sostuvieron que el robo “fue planeado por el comisario y jefe del operativo, Rubén Alegre, quien organizó e intervino funcionalmente en los hechos materialmente atribuidos a sus subordinados, todos integrantes de la División Operaciones Metropolitana, dependiente de la Dirección General de Consumos Problemáticos de la Policía de Chaco”

Según la acusación, el día del procedimiento de incineración, el cabo primero Gustavo Quizama, de 34 años; el subcomisario Franco Ramírez, de 33; el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez, 33; el cabo Néstor Ariel Urne Canteros, 31, y el sargento Gustavo Jesús Acosta, de 34, sustrajeron 9,490 kilos de cocaína del ámbito de custodia.

Para la fiscalía, los uniformados “consumaron la tenencia con el fin posterior de comercializarla”.

Para Sabadini y Hilgenberg “si bien no estuvieron en el predio al momento del secuestro del material ilícito, los cabos Villalba, de 33 años, y Francisco García, de 32, también participaron en el hecho”.

Villalba, según los acusadores públicos, intervino activamente en el acondicionamiento de los “panes” de yeso que sustituirían a los de cocaína que debían ser incinerados, y García era el encargado de “insertar en el mercado la droga robada”.

Según www.fiscales.gob.ar, la quema se realizó el 18 de diciembre pasado y estuvo a cargo de las autoridades de la Policía de Chaco, con la presencia del titular del Juzgado Federal N°2 de Resistencia, el juez Ricardo Mianovich, y el secretario Martín Innocente.

“En esa oportunidad, el secretario del juzgado federal advirtió movimientos irregulares por parte de dos efectivos policiales al momento de trasladar la sustancia desde un móvil policial que oficiaba como medio de transporte del estupefaciente secuestrado hacia la fosa de incineración. Allí detectó la sustracción de ocho paquetes de cocaína que se encontraban escondidos dentro de la cabina del vehículo, debajo de los asientos del conductor y del acompañante y otro más en la mochila del efectivo Núñez”, informó el citado sitio de noticias.

Además, dentro de la mochila de Urne Canteros se encontró un paquete que contenía un ladrillo de aparente yeso que simulaba ser cocaína, para ocultar el reemplazo de la droga secuestrada.

“Habían dispuesto sus mochilas y elementos personales en el vehículo oficial, con la clara intención de realizar el intercambio o sustitución de panes y repartirse, posteriormente, el botín ilícito”, dijo el fiscal Sabadini.

Al presentar la acusación, los representantes del Ministerio Público Fiscal afirmaron que el comisario Alegre “tuvo bajo su órbita y decisión la selección del personal de su división que participó del procedimiento de quema de estupefacientes”.

Según la información que se pudo recuperar de los teléfonos celulares secuestrados, en una conversación en una conversación con el subcomisario Ramírez, Alegre le pidió que quite a un agente y que involucre en el procedimiento al cabo Urne Canteros.

“Que haya seleccionado a Urne Canteros y no otro funcionario policial, ya sea para la quema o para otro operativo, resulta clarificador para la hipótesis organizacional presentada, en tanto que el nombrado fue quien intervino en la sustracción de los panes de cocaína de los secuestros que fueron quebrantados, y la planificación de la sustitución de éstos por ´panes´ de yeso”, dijeron desde la fiscalía.

También, los representantes del Ministerio Público Fiscal resaltaron una serie de chats que los sospechosos intercambiaron en un grupo de WhatsApp que tenía como nombre Div. Tranporte.

“¿Vos estás en la quema del merengue? Rascale algo”, escribió García. Su interlocutor, respondió: “Sí, por? querés un poco?”. A lo que el citado cabo sostuvo: “Te hablo al privado. Salgo de todas mis deudas con una cajita de esas”.

También, los representantes del Ministerio Público resaltaron un audio enviado por el cabo primero Quizama el día anterior a los hechos, donde mencionaba que la quema se iba llevar adelante y que estaba viendo “cuanto podía manotear”, mientras que le preguntaba el precio al que se vendían los estupefacientes.

En su presentación la fiscalía estimó en 15 años de prisión la pena que se requerirá para el comisario Alegre, por considerarlo autor responsable del delito de organización de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por ser cometido por un funcionario público en concurso material con el delito de “peculado”.

Con respecto a los restantes acusados, estimó en 12 años de prisión la pena para Ramírez; en 11 años las que requerirá para Quizama, Almirón Núñez y el cabo Urne Canteros; y en 8 años de prisión la pena aplicable al sargento Acosta. A todos los señaló como coautores de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y la calidad de funcionario público y peculado.

Por último, en cuanto a los cabos Villalba y García, estimó que requerirá una pena de 8 años de prisión como coautores del delito tenencia con fines de comercialización, agravado por el número de partícipes y la calidad de funcionario público.

El escrito de acusación (que la fiscalía presentó el martes pasado) constituye el paso previo a la realización de la audiencia de control de la acusación en la que se establecen las bases para la realización del juicio oral. De esta manera, el fiscal requirió en la acusación la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena para todos los imputados

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