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Un asesino serial que integró la primera tanda de traslados a Marcos Paz fue devuelto a la cárcel de Devoto por “seguridad”
Se trata de Guillermo Álvarez, conocido como el Concheto o el Patovica, jefe de la denominada “banda de los chicos bien”
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LA NACIONGabriel Di Nicola
En 1996, su gavilla, la “banda de los chicos bien”, se hizo conocida por una serie de robos en restaurantes de la zona norte de la ciudad que tenían como habitués a empresarios, protagonistas del mundo del espectáculo y funcionarios de la administración de Carlos Menem, entonces en el gobierno. Los golpes se repetían; también los homicidios. Hubo tres crímenes que le adjudicaron al jefe de la banda, Guillermo Álvarez, conocido como el Concheto o el Patovica, que vivía en un lujoso chalet de Acasusso, San Isidro. Un cuarto asesinato lo cometió cuando estaba preso y mató a otro recluso.
El Concheto Álvarez fue detenido en agosto de 1996. El domingo pasado fue parte de la primera tanda de presos trasladados desde la cárcel de Villa Devoto a la nueva unidad penitenciaria de Marcos Paz.
Pero todo cambió a las pocas horas y Álvarez fue devuelto a la cárcel de Devoto por “una cuestión de seguridad”. Así surge de la resolución en la que el juez nacional en lo criminal y correccional Santiago Bignone rechazó un “habeas corpus colectivo y correctivo” que había presentado la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) “en favor de todas las personas privadas de su libertad alojadas actualmente en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La defensa de Álvarez, a cargo del abogado Sebastián Bruno, había presentado “una acción en favor” de su asistido, que se acumuló al proceso de habeas corpus presentado por la PPN. En el caso intervino el fiscal Pablo Recchini.
“En relación con la acción interpuesta en favor del interno Álvarez, el abogado Bruno hizo saber que su asistido posee un régimen especial de alojamiento y aislamiento, oportunamente ordenado por el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 4 y luego ratificado y ampliado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 28, del cual depende actualmente. Dicho régimen implica medidas de seguridad muy específicas que se relacionan con una situación compleja y grave que excede el marco de esta presentación y pone en riesgo su vida. A su vez, su situación se encuentra bajo observación y seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del control de sentencia del conocido precedente ‘Álvarez vs. Argentina’“, se explicó en el momento de resolver el habeas corpus.
El juez Bignone afirmó: “Al respecto, se sostuvo que el TOC N° 28 dispuso su permanencia en su actual lugar de alojamiento y la obligación de informar con la antelación pertinente las alternativas de su reubicación. Pese a ello, se dispuso su traslado".
El mismo domingo se hizo una audiencia por Zoom y se ordenó el realojamiento inmediato de Álvarez en la cárcel de Devoto en el “plazo perentorio” de dos horas, medida que se efectivizó.
El lunes, en una audiencia para escuchar a las partes y resolver sobre el habeas corpus, Bruno “agradeció que su pupilo hubiese sido reintegrado al Complejo de CABA [por Devoto] conforme lo ordenó el tribunal, solicitando únicamente que le sean restituidos sus objetos personales”, según se desprende del expediente judicial.
En las próximas horas, el Concheto será reubicado en otra unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.
“El Concheto Álvarez tiene medidas de resguardo. Se lo trasladó solo y se lo ubicó solo. Pero la Justicia ordenó que lo devolvieran a la cárcel de Devoto y se lo llevó allí el mismo domingo. Se lo va a reubicar porque Villa Devoto se cierra y se desafectará del uso penitenciario”, explicaron las fuentes consultadas.
Según informó en su momento el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, “Álvarez fue condenado por graves delitos cometidos entre 1996 y 1998. Entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de julio de 1996 llevó adelante un raid delictivo durante el cual asesinó a un hombre delante de su hija para robarle el auto, y luego a un subinspector de la Policía Federal y a una estudiante en el robo al pub Company, en el barrio de Belgrano. Dos años después, durante su estadía en la antigua cárcel de Caseros, mató a un compañero de celda de 17 años. A consecuencia de estos hechos, Álvarez fue condenado a la pena de reclusión perpetua más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado por los delitos de robo agravado, homicidios calificados y lesiones graves, en concurso real”
El 26 de agosto de 2024, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso de revisión interpuesto por la defensa tras un fallo de la CIDH. “Por este motivo, anuló el juicio y ‘todos los actos derivados del debate entre los que se incluye la condena pronunciada el 28 de octubre de 1999′”, según el citado sitio de noticias.
A la espera del nuevo debate, la defensa solicitó su excarcelación porque “una persona no puede encontrarse privada de la libertad sin sentencia por un proceso que lleva más de 28 años de sustanciación, y en el que, como se ha visto, resultan computables a favor del causante más de 46 años de privación de la libertad”.
Pero la presentación fue rechazada. “La condición de reincidente del nombrado se erige como un obstáculo insalvable a la hora de examinar cualquier pretensión ligada al instituto de la libertad condicional”, había dictaminado el fiscal Sandro Abraldes.
Anteriormente, en 2020, el Concheto Álvarez había sido noticia durante la pandemia de Covid. Fue uno de los referentes de los reclusos que negoció con las autoridades el fin del motín en la cárcel de Villa Devoto, en reclamo de mejores condiciones sanitarias y de beneficios.
“Ley y orden”
Como se dijo, el traslado de presos desde la cárcel de Villa Devoto hacia la nueva unidad del Complejo Penitenciario de Marcos Paz comenzó el domingo pasado. Y hasta ayer ya se había trasladado el 60 por ciento de los presos.
Así lo había informado ayer la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de X. “Tercer día de traslado y otros 292 internos rumbo a Marcos Paz. Ya son 901 los presos trasladados desde Devoto, más del 60% de la población carcelaria de este penal.Seguimos. Ley y orden”, sostuvo la funcionaria.
Según se había explicado, el dispositivo de traslado cuenta con, aproximadamente, 1000 agentes penitenciarios y el apoyo de 600 uniformados de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
“La coordinación incluyó comunicaciones radiales y seguimiento satelital de los vehículos de traslado. Antes del ingreso de los internos a la nueva unidad, se realizó una prueba integral de habitabilidad y funcionamiento del nuevo complejo con la participación de 1080 efectivos, cadetes y cursantes de los institutos de formación del SPF. Se evaluaron las instalaciones, los servicios esenciales, los sistemas de seguridad y las condiciones de funcionamiento para identificar necesidades y realizar ajustes”, dijeron desde el Ministerio de Seguridad Nacional.
Una vez concluido el traslado de los presos de la cárcel de Devoto, serán llevados a Marcos Paz unos 350 internos que están alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad y a disposición del Poder Judicial de la Nación.
Hoy, la PPN y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentaron un nuevo habeas corpus colectivo
“Ambos organismos nos encontramos realizando un riguroso seguimiento [del traslado de presos a Marcos Paz] de la situación y advertimos con extrema preocupación que se registraron impedimentos para ingresar a los establecimientos para monitorear las condiciones de detención. No nos oponemos al cierre de Devoto ni al funcionamiento del nuevo complejo de Marcos Paz. Lo que exigimos es que ese proceso sea planificado y racional, y que se lleve adelante con control judicial e institucional, respetando la normativa vigente y los derechos de las personas detenidas y de sus familias. Es imperativo garantizar el acceso irrestricto de los mecanismos de prevención y la plena vigencia de las garantías legales en resguardo de las personas bajo custodia del Estado”, se sostuvo tras la presentación del habeas corpus.
