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Crisis por desbordes cloacales: imputaron a un alto funcionario de Mendoza por vuelcos de líquidos contaminantes
Tras denuncias vecinales por acequias colapsadas y lagunas en las calles, la Justicia provincial avanza en una causa contra el presidente de Aguas Mendocinas y otros dos directivos de la empresa estatal
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PARA LA NACIONPablo Mannino
MENDOZA.- La Justicia decidió avanzar contra los responsables de los desbordes cloacales en el reconocido distrito Los Corralitos, en Guaymallén, el departamento más poblado de Mendoza. Bajo la carátula “daño y contaminación”, se imputó por los vuelcos de líquidos sobre un canal de riego a Humberto Mingorance, presidente de la empresa estatal Aguas Mendocinas (Aysam) y uno de los principales funcionarios del gobierno de Alfredo Cornejo.
También fueron imputados otros dos directivos de la firma, el gerente general, Darío Hernández, y el gerente operativo, Carlos Sifuentes. En paralelo, días atrás, Aysam fue multada por el Departamento General de Irrigación por $120 millones, la penalización más alta de la historia del organismo, por considerar que existió una contaminación “de gravedad excepcional”.
Tal como detalló LA NACIÓN, la zona damnificada ya es considerada semirrural por el constante avance demográfico, aunque adolece de infraestructura pública. Los vecinos vienen reclamando desde hace más de tres años por los problemas que comenzaron a tener con las aguas servidas. Esta región de la provincia no cuenta con red domiciliaria de cloacas y recibe los desechos del Gran Mendoza a través de una cañería de más de cuatro décadas.
Actualmente conviven con tuberías cloacales que colapsan y anegan calles y veredas, situación que empeoró en el último tiempo y llevó a que la comuna declarara la emergencia ambiental.
Ahora, la fiscalía avanzó con la acusación formal: “Daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso con contaminación de agua de modo peligroso para la salud”. En caso de avanzar, podría conducir a una pena de entre 3 y 10 años de prisión.
La determinación de los tribunales locales cayó como un balde de agua fría en el ejecutivo local. Hasta ahora, sus principales referentes defendieron el accionar del funcionario al frente de la Aguas Mendocinas, con quien muchos compartieron a lo largo de los años otras áreas de gestión, tanto provinciales como municipales.
La decisión fue tomada por el fiscal de instrucción de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, Gabriel Blanco, acompañado por el fiscal en jefe Sebastián Capizzi, con el respaldo de los fiscales adjuntos Gustavo Pirrello y Paula Quiroga, quienes en los últimos días analizaron en profundidad el caso, motivados por la multa aplicada por el DGI contra Aysam. El cobro de la infracción se encuentra momentáneamente suspendido porque la compañía apeló la resolución.
Vuelcos y roturas
De acuerdo con el expediente judicial, bajo los alcances de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, en sus artículos 55, 184 inc. 5° y 57, la firma estatal efectuó en más de una oportunidad el vuelco de las aguas servidas sobre el reconocido Canal Pescara, entre otros cauces y acequias de la región, y además produjo roturas en la infraestructura hídrica para intentar descomprimir el alto caudal.
De hecho, desde Aguas Mendocinas indicaron que tuvieron que recurrir a esas acciones para evitar que los líquidos cloacales inundaran la vía pública, al tiempo que sostuvieron que sus análisis de laboratorio no evidenciaban alteraciones bacteriológicas de relevancia.
Asimismo, más allá del control sanitario sobre los cauces afectados, los vecinos aportaron a la Justicia los estudios del agua potable domiciliaria y de pozo que realizaron junto a especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) donde se deja asentado que, en algunas muestras, “no es apta para consumo humano” por la presencia de bacterias coliformes y Escherichia coli.
Desde el gobierno provincial, a la espera del desarrollo de la causa judicial, reconocieron el problema ambiental y la situación de emergencia de los vecinos, e insisten en la importancia de las obras que se están realizando para mitigar el impacto, como la realización de bypass y la reconducción del caudal en la zona obstruida, a la espera de una infraestructura mayor que amplíe el sistema troncal.
“Son delitos, en sus máximos, que no son excarcelables. Se seguirán haciendo pericias y las partes irán aportando material. Esto recién empieza, por lo que se sumarán informes para determinar qué pasó con las obras que se hicieron en el lugar y el impacto que tuvieron. Ya hay elementos que permiten avanzar en la investigación y determinar responsabilidades”, explicaron a LA NACIÓN desde la Justicia provincial.
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