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La probabilidad estimada de inseguridad alimentaria severa mostró un aumento en la Argentina entre 2010 y 2022. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), entre esos años la probabilidad promedio de que un hogar se encuentre en esa situación pasó del 7,94% al 9,49% a nivel nacional, un incremento de 1,55 puntos porcentuales. Esta variación representa más de 550.000 hogares en situaciones de vulnerabilidad alimentaria y la cifra total asciende a 1,5 millones.
En conjunto, los resultados muestran un impacto fuertemente desigual: la provincia con valor más alto registra un 18,77% de hogares atravesados por la inseguridad alimentaria, contra un 3,93% en la jurisdicción mejor posicionada.
El trabajo, titulado “La geografía del riesgo alimentario en la Argentina (2010-2022)”, combina la precisión microterritorial de los censos nacionales con los relevamientos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA). Se utilizaron las ondas 2010–2013 para el modelo aplicado al Censo 2010 y las ondas 2021–2024 para el aplicado al Censo 2022.
La inseguridad alimentaria refiere a las dificultades de los hogares para sostener una alimentación adecuada. Puede expresarse en una reducción de la cantidad o calidad de los alimentos y, en sus manifestaciones más graves, en experiencias de hambre asociadas a la falta de recursos económicos.
La herramienta estima la probabilidad de riesgo para cada hogar y agrega los resultados por radio censal, departamento, provincia y región. Se trata de una estimación indirecta: los censos no incluyen preguntas específicas sobre inseguridad alimentaria y el modelo proyecta sobre sus datos las asociaciones observadas en la EDSA-UCA.
Durante la presentación del informe, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), explicó que la EDSA releva situaciones ocurridas durante los últimos 12 meses por falta de recursos económicos y registra indicadores como la reducción de porciones y las experiencias de hambre. La frecuencia de esas experiencias permite establecer distintos niveles de severidad, mientras que la EDSA constituye la base observada sobre la que se construyen los modelos aplicados a los datos censales.
El investigador señaló además que el problema que buscó resolver el nuevo estudio era la falta de información territorial suficientemente desagregada. “No teníamos medidas sobre lo que estaba ocurriendo en el territorio a un nivel desagregado microsocial y microterritorial”, sostuvo Salvia.
La propuesta fue entonces combinar la información de la encuesta con los datos censales para estimar indirectamente el riesgo en cada hogar, “No midiendo en manera directa la inseguridad alimentaria en los hogares en ambos contextos porque las preguntas del censo no hacen referencia a ellos, pero sí a partir de los predictores poder identificar la probabilidad estimada”, aclaró.
A nivel provincial, los valores más altos en 2022 se registraron en Formosa (18,77%), Chaco (17,46%) y Santiago del Estero (17,40%). Mientras Santiago del Estero y Misiones presentaron descensos respecto de 2010, Chaco se mantuvo prácticamente estable. En otras jurisdicciones, como Mendoza, San Juan, Santa Fe y Buenos Aires, el promedio aumentó durante el período analizado.
Los porcentajes más bajos en 2022, en tanto, aparecen en la ciudad de Buenos Aires (3,93%), Santa Cruz (6,02%) y Tierra del Fuego (6,18%).
La distribución territorial también muestra una marcada persistencia. Juan Bonfiglio, investigador del ODSA y autor del informe junto con Agustina Márquez, destacó: “De los 20 con mayor riesgo, 17 están presentes en los dos censos en este top 20”. Además, señaló que los tres departamentos que ocupaban las primeras posiciones se mantuvieron en 2010 y 2022.
La comparación entre jurisdicciones muestra, a la vez, que las brechas no evolucionaron todas en la misma dirección. En 2022, Formosa y CABA presentaron una diferencia de 14,81 puntos porcentuales: 18,77% frente a 3,96%. El achicamiento de algunas distancias responde a una combinación de descensos en territorios que ya presentaban niveles elevados y aumentos en jurisdicciones que partían de valores más bajos. Por eso, una reducción de las brechas territoriales no necesariamente implica una mejora general de las condiciones alimentarias.
En relación con la distribución según el tipo de asentamiento, los datos del informe muestran diferencias marcadas entre las áreas urbanas y rurales. En el rural disperso, el riesgo alimentario severo estimado se ubicó en 22,44% en 2022, frente al 23,89% registrado en 2010. Pese a ese descenso, el indicador continuó siendo aproximadamente 2,5 veces superior al promedio de las áreas urbanas, que pasó de 6,89% a 8,82% durante el período. En el rural agrupado, en cambio, la cifra aumentó de 12,52% a 15,06%.
Las diferencias también se observan a escala regional. El norte del país concentra los niveles de riesgo más elevados, aunque con trayectorias diferentes. En 2022, el NEA alcanzó un promedio de 15,81% y el NOA, de 14,23%. El NEA fue, además, la única de las seis regiones que registró un descenso respecto de 2010, cuando había alcanzado 16,21%; en el NOA, en cambio, el indicador pasó de 13,56% a 14,23%. También aumentaron los promedios de Cuyo, Pampeana, GBA y Patagonia. No obstante, hay diferencias importantes dentro de cada región, como muestran los datos provinciales.
La comparación entre los censos permite, además, observar qué territorios mantienen niveles elevados y cuáles incorporaron nuevos aumentos del indicador, mientras que la identificación de los hogares ubicados en los grupos de mayor riesgo aporta una segunda perspectiva sobre su concentración territorial.
Aunque el estudio principal se centra en la comparación de los datos censales 2010-2022 por la cobertura territorial que ofrecen, los investigadores se refirieron a las tendencias observadas con posterioridad a dicho ciclo.
Consultado por LA NACION sobre la evolución reciente del indicador, Agustín Salvia detalló: “Hasta ahora había subido en 2023-2024 y cayó en 2025 a niveles 2021-2022. En diciembre tendremos datos. Lo más importante son los datos censales 2010-2022: 550.000 hogares más con inseguridad alimentaria severa a nivel nacional”.
