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La Justicia intimó al gobierno nacional a actualizar salarios y becas universitarias
El juez Martín Cormick concluyó que el Estado no acreditó el cumplimiento de la cautelar y le otorgó cinco días para regularizar la situación; en caso de no hacerlo, se aplicarían sanciones económicas
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LA NACIONLucila Marin
La Justicia intimó al gobierno nacional a actualizar los fondos destinados a las universidades. Tras analizar la documentación presentada por el Ministerio de Capital Humano, el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, concluyó que el Estado no acreditó el cumplimiento pleno de la cautelar vigente, que obliga a actualizar salarios y becas.
En consecuencia, fijó un plazo máximo de cinco días para que el Gobierno cumpla con la medida cautelar, que obliga a pagar un incremento salarial al personal docente y no docente en las universidades e incrementar el presupuesto para becas. El aumento salarial necesario para cumplir con la ley es del 33%. También advirtió que, si persiste el incumplimiento, se impondrán multas económicas diarias. La multa diaria puede ser progresiva y tiene cierta relación con el importe adeudado. Si el Gobierno no cumple, el CIN deberá informarlo y el juez podría aumentar el monto, según explicaron abogados de la entidad a LA NACION.
Semanas atrás, el magistrado había rechazado el pedido de la administración de Javier Milei para levantar la cautelar al considerar que el acuerdo firmado en junio no alcanzaba para demostrar que el conflicto estaba resuelto. Además, había intimado al Estado a detallar y documentar, en un plazo de tres días desde su notificación, el nivel de cumplimiento alcanzado. Ahora concluyó que la información presentada por la cartera que conduce Sandra Pettovello no resulta suficiente para acreditar que la orden judicial haya sido cumplida.
“Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución. Esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados. Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde”, dijo Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El derrotero judicial de la ley, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, comenzó cuando los rectores interpusieron una acción de amparo contra el Estado tras la suspensión, por decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se definieran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.
Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones salariales y de las becas. El Gobierno apeló y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades. El Ejecutivo entonces recurrió a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que fue aceptado. El máximo tribunal luego dejó firme la medida cautelar.
El camino de la ley también ya había sido extenso. Fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Luego fue vetada por el Presidente y volvió a pasar por ambas cámaras, que la ratificaron. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar y en esa oportunidad el Congreso no la sostuvo.
Dos meses después del acuerdo de junio, el conflicto universitario se reactivó cuando los gremios docentes y no docentes volvieron a parar en reclamo por el financiamiento. Denunciaban un triple incumplimiento por parte del Gobierno: por no aplicar la ley de financiamiento aprobada, no cumplir con la cautelar y tampoco con el acuerdo firmado con los rectores.
El Gobierno pagó el aumento salarial –21,33% para junio, restaría un 3% adicional en octubre– y el aumento para las becas Manuel Belgrano, pero no pagó el 20% de incremento para los gastos de funcionamiento ni la partida extra para los hospitales universitarios ($50.000 millones).
Presupuesto 2027 y nueva marcha federal
El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue incumpliendo la ley de financiamiento. Se estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene. Los rectores, en cambio, habían adelantado que, para ajustarse a la ley, serían necesarios $11 billones, es decir, casi un 50% más de lo que contempla el proyecto oficial.
Mantiene los valores del periodo 2024-2026, lo que consolida un 24,9% menos, en términos reales, que el presupuesto 2023, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En tanto, los salarios docentes perdieron un 25% de su poder adquisitivo en el periodo 2023-2026.
Los rectores fueron la semana pasada nuevamente a buscar apoyo a su pedido en el Congreso. Explicaron su presupuesto y pidieron modificaciones razonables. Lo hicieron en una reunión convocada por Unión por la Patria en el auditorio del anexo A del Parlamento.
La semana pasada también se reunieron los gremios con el Gobierno. En la reunión paritaria, volvieron a ofrecerles un aumento del 3%, la misma oferta que en la reunión anterior, a inicios de mes. Luego, los gremios anunciaron nuevas medidas de fuerza y la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.
A diferencia de las medidas de fuerza anteriores, donde la movilización tuvo como escenario principal la Plaza de Mayo, el destino final de esta convocatoria es el Palacio de Tribunales. La propuesta fue ratificada por el CIN, que convocó a movilizar “en defensa de la universidad pública argentina”.
Ante la consulta de LA NACION, varias fuentes universitarias contestaron que la realización de la marcha dependerá del Gobierno. La convocatoria sigue vigente “hasta que se cumpla con la ley”. En tanto, el Ministerio de Capital Humano no contestó a las consultas de este medio.
Hoy, según difundió la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), el “paro se está cumpliendo con un acatamiento cercano al 100% en las universidades nacionales de todo el país”. La Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzó este lunes más de 20 días de cese de actividades de manera rotativa que se extenderán hasta el jueves 22 de octubre.
Por Lucila Marin
