Solicitada: crónica de una crisis vial anunciada

Los usuarios y usuarias de las rutas argentinas conocen el fuerte deterioro de las condiciones de transitabilidad que se atraviesan. No se trata de un problema iniciado durante el actual mandato presidencial, pero es evidente que, al igual que sus predecesores, este gobierno no tiene un plan claro y realizable para la infraestructura vial argentina.

La crisis vial que atraviesa nuestro país no tiene la misma cobertura mediática que la crisis de inseguridad, pero se cobra vidas con mucha mayor velocidad: 12 por día. Un país de la extensión de la Argentina no puede darse el lujo de permitir que sus arterias viales permanezcan en condiciones de intransitabilidad por la improvisación de quienes tienen que planificar y ejecutar su gestión, mantenimiento, reparaciones y mejora.

La infraestructura vial nacional está dividida en dos sistemas: uno gratuito (para los usuarios, pero no para el Tesoro), gestionado a través de la ya famosa Dirección Nacional de Vialidad; y otro, concesionado a empresas que recaudan una tarifa a quienes lo transitan. Como en la Argentina todo puede ser más complejo, la principal empresa concesionaria de rutas y autopistas es de propiedad pública: Corredores Viales S.A.

El gobierno asumió diciendo que iba a privatizarla, pero no solo no avanzó en tal sentido a casi un 30 % de avance de su mandato, sino que su primer acto hacia el sistema tarifado es estatizar una concesión vial. Estamos hablando de Caminos del Río Uruguay, una concesionaria cuyo contrato vencía en abril, y para la cual el gobierno no organizó ningún proceso licitario que permitiera asignarla a otra empresa.

Esta improvisación gubernamental está generando la destrucción de 500 puestos de trabajo, correspondientes a trabajadores que no cobrarán su indemnización, dado que la concesionaria saliente se encuentra concursada. Por supuesto, el Estado concesionante deberá hacerse cargo de los derechos indemnizatorios, generándole a todos los argentinos un costo innecesario.

Pero la degeneración fiscal no termina en la improvisada estatización. A pesar de contar, como dijimos, con una empresa concesionaria de infraestructura vial, el gobierno ha decidido darle la ruta del Mercosur a la Dirección Nacional de Vialidad. Es decir, gracias a que evidentemente el Presidente no está siendo debidamente informado de estos cambios, todos los argentinos deberán pagar con sus impuestos el mantenimiento (si es que lo hay) de la ruta del Mercosur.

Esta improvisada estatización “libertaria” saldrá carísima en dinero, pero también en el aumento del costo logístico, debido al previsible deterioro de la infraestructura.

El Presidente ha afirmado que no se puede hacer un país distinto con los mismos de siempre, pero sus funcionarios están entregando la gestión de una ruta a la poco transparente Dirección Nacional de Vialidad, mientras tampoco se avanza en la privatización de Corredores Viales S.A.

Estamos ante el peor escenario: una voluntad privatizadora que se transforma en una estatización en manos de quienes ya han demostrado que no pueden gestionar lo que tienen a su cargo.

Nuestro sindicato está comprometido con los derechos de sus trabajadores, tanto como con el desarrollo de la infraestructura vial con servicios. El progreso tecnológico no solo ha traído más eficiencia en la recaudación, sino también mejoras que requieren trabajadores con mayor capacidad técnica.

Incluso ante un Estado ausente o improvisado, siempre hemos trabajado para formar y capacitar a nuestros afiliados, para que estén preparados para el futuro.

No permitamos que la improvisación nos lleve hacia un pasado que será costoso, tanto en dinero como en vidas.

Florencia Cañabate, Secretaria General.

Juan Facundo Moyano, Secretario General Adjunto.

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