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Fuerte apuesta oficial: no concede o deja caer medidas antidumping que protegían a la industria local
La decisión se suma a una serie de medidas recientes a través de las cuales la administración de Javier Milei viene desarmando barreras que durante años protegieron a distintos sectores de la industria local
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
El Gobierno cerró una investigación sobre los lavarropas chinos y resolvió no aplicar derechos antidumping después de que la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) determinara que no se había configurado una práctica comercial desleal: la venta de un producto en el exterior a un precio inferior al considerado normal en el mercado de origen.
La decisión, adoptada por el Ministerio de Economía y publicada hoy en el Boletín Oficial, se suma a una serie de medidas recientes a través de las cuales la administración de Javier Milei viene desarmando barreras que durante años protegieron a distintos sectores de la industria local.
El expediente había sido iniciado en enero pasado a pedido de Drean y alcanzaba a lavarropas de hasta 13 kilos. En junio, Economía había decidido continuar con la investigación, aunque sin aplicar medidas antidumping provisionales.
En el análisis final, la CNCE determinó que casi el 90% del volumen importado durante el período octubre de 2024-septiembre de 2025 correspondió a lavarropas de hasta 10 kilos y sin prestaciones avanzadas. Para ese segmento calculó un margen de dumping negativo de 27%.
Según la metodología utilizada, esto significa que el precio de exportación hacia la Argentina se ubicó por encima del valor normal comparable utilizado para determinar la existencia de una práctica desleal. Al ponderar ese segmento con el resto de las operaciones, el cálculo final no arrojó margen de dumping.
Por ese motivo, la Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendó cerrar la investigación sin aplicar derechos antidumping definitivos. La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa compartió ese criterio y Economía formalizó ahora el cierre.
La resolución aclara, además, que, ante la inexistencia de dumping, no correspondía avanzar con el análisis de daño a la producción nacional ni con la relación causal entre las importaciones y un eventual perjuicio. Es decir, el expediente no concluye que la industria local no haya sufrido un impacto por las importaciones: determina que no se acreditó el requisito necesario para aplicar un derecho antidumping.
Una revisión más amplia de las barreras
La decisión sobre los lavarropas se suma a una serie de medidas recientes. En junio, Economía decidió no prorrogar los derechos antidumping sobre los motores eléctricos para lavarropas provenientes de China, que tenían alícuotas de 46% y 30%, según el tipo de motor.
En julio hizo lo mismo con los tubos de aluminio chinos, que tenían un derecho de 75,52%. En ese caso, el Gobierno consideró que, después de cinco años, la medida había cumplido su función correctiva y que mantenerla podía afectar la competencia, el abastecimiento y los costos de las industrias que utilizan esos tubos como insumos.
También en julio decidió no renovar la protección sobre los hornos eléctricos chinos. Entre los argumentos, Economía señaló que la medida no había logrado impulsar la producción local, que la industria tenía una capacidad ociosa superior al 72% y que la protección encarecía un producto relevante para los hogares sin acceso a la red de gas.
El cambio de orientación había comenzado a delinearse en enero de 2025, cuando el Gobierno modificó mediante un decreto el régimen de investigaciones y medidas antidumping y redujo los plazos de los procedimientos. El objetivo era evitar que las investigaciones se prolongaran y que las empresas locales pudieran restringir “la competencia de afuera imponiendo una barrera arancelaria extra”, según había explicado entonces el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La sucesión de decisiones muestra así un uso más selectivo de las herramientas de defensa comercial. El Gobierno no eliminó el antidumping como instrumento, pero viene revisando las medidas vigentes y ponderando, más allá de la situación de la industria protegida, su impacto sobre la competencia, los costos, el abastecimiento y los sectores que utilizan esos productos como insumos.
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