1
Piden elevar a juicio la causa que llevó por primera vez a la cárcel a De Vido
1 minuto de lectura'
LA NACIONDiego Cabot
La causa en la que se investigan los delitos cometidos en torno a la mina de carbón de Río Turbio quedó más cerca de un juicio oral. El fiscal Carlos Stornelli pidió la elevación del expediente que fue el que llevó, originalmente, a Julio De Vido y Roberto Baratta a la cárcel por primera vez.
El escrito es un compilado de delitos cometidos a 2770 kilómetros de Comodoro Py, al calor de una mina que es el corazón de la llamada Cuenca Carbonífera, una zona compuesta por tres localidades: Río Turbio, Julia Dufour y Veintiocho de Noviembre. Allí, alrededor de 25.000 habitantes de lla zona continental más austral de la Argentina, viven en función de la extracción, o no, del mineral. Una escenografía lejana e impiadosa para los delitos del fin del mundo.
Stornelli pidió que De Vido, el entonces interventor del yacimiento, Atanacio Pérez Osuna, y el decano de la UTN regional Santa Cruz, Juan Martín Goicoechea, respondan por el delito de responsables de una "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Asimismo, Baratta junto a 12 funcionarios de la facultad o de YCRT fueron acusados de ser partícipes necesarios de aquella maniobra.
La historia de la estafa en Río Turbio empezó el 14 de enero de 2008. Ese día se firmó un convenio de cooperación y asistencia entre el yacimiento y la facultad. Allí la primera particularidad: la UTN no tiene ingeniería en minas.
Con el paraguas de aquel acuerdo empezó la operatoria. YCRT le encargaba a la UTN cualquier cosa que se necesitaba, desde contratar un servicio hasta comprar un buen de cualquier tipo, incluso adquirir equipos que no estaban en el convenio marco.
Por esa intermediación, la facultad cobraba 10% de comisión. Pero ahí no terminaba la maniobra. La facultad, a su vez, creó la Fundación Facultad Regional Santa Cruz,que a su vez tenía otro pago de 10 por ciento.
Llegaron, después, los contratos y los millones. Una cadena de felicidad se cocinaba en el rincón más Austral de la Patagonia. De lo que el proveedor presupuestaba, la fundación le cobraba a la facultad un 10%. Y sobre ese total, la facultad nos cobraba al Yacimiento otro 10%. Por la intervención de ambas había que sumar 21%. A eso, claro está, se debía adicionar en muchos casos el sobreprecio.
Hicieron romerías. "Entre 2009 y 2015, se celebraron, invocando los Convenios Marco, 453 convenios específicos y noventa 90 adendas por un monto total de al 4424 millones de pesos. De ese total, se facturaron y pagaron con fondos del Tesoro Nacional aproximadamente 915 millones de pesos, de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación. Los dueños de aquel negocio se llevaron, como mínimo, 176 millones de pesos.
El reparto fue el siguiente: 91,9 se pagaron a la Facultad y 84 a la Fundación. Además, los emprendedores del fin del mundo reclamaron 88,3 de deuda por "gastos administrativos".
La denuncia se inició el 27 de mayo de 2016, cuando el nuevo interventor Omar Zeidán, recibió los resultados de una auditoría externa ordenada sobre YCRT. El funcionario, que ingresó con la gestión de Cambiemos, graficó que el "calamitoso estado de abandono que denotan las estructuras, instalaciones y adyacencias del Yacimiento, y de los Servicios ferroportuarios" y dijo que ello es "(…) la consecuencia directa de un montaje criminoso que, manipulando en algunas hipótesis las herramientas legales, y en otras su inmediata elusión, tuvo como designio fundamental el vaciamiento y apropiación de los recursos y bienes del Estado destinados al funcionamiento de YCRT". Aportó una cuenta: entre 2005 y 2015 se giraron 26.000 millones de pesos (monto histórico y no actualizado) destinados a la mina de carbón.
Hay un tema más. El interventor Pérez Osuna tenía atribuciones para aprobar contrataciones directas por hasta 13,6 millones de pesos, encima de lo cual debía licitar. Pero los ingeniosos hombres del Sur no tuvieron reparos a la hora de eludir ese parámetro: desdoblaban los convenios en tantos como fueran necesarios. Este hecho, que no está controvertido en el proceso, daba la posibilidad de esquivar los controles de la licitación. Por ejemplo, en el marco del proyecto "Puesta en Valor del Ramal Ferro Industrial Eva Perón", YCRT y la Facultad suscribieron 12 convenios por montos individuales que, en ningún caso, superaron los 12,5 millones de pesos, a pesar de estar todos referidos a una única obra. Evasiones patagónicas.
Pese a la defensa que ejercieron, para la Fiscalía, tanto Baratta como De Vido no sólo estaban al tanto de lo que ocurría en Río Turbio sino que autorizaban y participaban de la línea de decisión sobre la mina. Ambos recibieron al menos dos informes de la Sigen, octubre de 2012 y agosto de 2013, en los que se alertaba respecto de los convenios con la UTN. Respecto de Jorge Mayoral, exsecretario de Minería, la situación es distinta. A diferencia de los otros involucrados está comprometido por su omisión como funcionario del área pero no por participar de la red.
La prueba que se acumuló contiene, por caso, decenas de correos electrónicos. El 8 de mayo de 2015, a las 17:06, el Javier González envió un correo electrónico a Baratta con copia a varios funcionarios del yacimiento y la Fundación. Asunto: Pagos 11-05-15. Se lee: "Estimados: El lunes estaremos transfiriendo 57.4 M, de gastos de capital… Conforme lo conversado con las autoridades. Favor entregar 13,6 a la Fundación".
Desde la llegada de los pesos a la Fundación, que sólo tuvo cinco empleados, se repartía con fines diversos.
En el expediente se puede ver que alguna vez se compró con ese dinero un inmueble en San Isidro, –cuya explotación no se condice con los fines estatutarios de la Fundación– y se suscribieron varios fondos comunes de inversión. Hay constancias de que 6,6 millones de pesos fueron cobrados con cheques al mostrador por una sola persona, sin explicación, y que es empleado en el gobierno de Santa Cruz y que otros millones de pesos fueron destinados a una persona que habría sido, al mismo tiempo, empleado de la firma Austral Construcciones y de una empresa constituida por un funcionario del gobierno provincial que en 2012 compró un vehículo de alta gama y autorizó su manejo a un hijo del exministro De Vido.
Hoy Stornelli pidió que ese andamiaje de funcionarios que hicieron negocios en aquel rincón patagónico vaya a juicio. Si el juez hace lugar, la Argentina podrá ver los millones oscuros que se escondían detrás de los mineros de carbón.
