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Un euro, una libra y un fondo en Curaçao: cómo “el Rey del Cloro” se convirtió en uno de los dueños de AySA
Mauricio Filiberti figuraba con el 10% del consorcio ganador, pero también lidera junto con Walter Román el vehículo que tiene el 55%, armado con sociedades creadas en agosto en Londres y Ámsterdam
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LA NACIONSofía Diamante
Durante la licitación, Mauricio Filiberti aparecía como un socio menor del consorcio que se quedó con la privatización de AySA. Su empresa, Transclor, tiene el 10%. Sin embargo, el empresario conocido como “el Rey del Cloro” también está detrás del integrante con mayor participación, PHX Aqua AR, que tiene el 55% y que, según explicaron a LA NACION cerca del consorcio, lidera junto a Walter Román.
Esa participación llega a través de dos sociedades creadas en Londres y en Ámsterdam días antes de la apertura de ofertas, que pertenecen a un fondo de Curaçao.
El Gobierno adjudicó el 90% de AySA, que presta el servicio de agua y cloacas a 14 millones de personas en la ciudad y el conurbano de Buenos Aires, por US$340,2 millones. El 13 de noviembre es la fecha máxima para firmar el contrato de compraventa. Además de PHX y Transclor, el consorcio lo integran Rowing, la empresa de Román, con el 20%, y la brasileña Arcos Saneamento e Participações, el socio técnico, con el 15%.
Con la privatización, Filiberti pasará de ser proveedor de AySA a ser uno de sus dueños. Transclor, el mayor fabricante de cloro del país, le provee desde 2009 el policloruro de aluminio con el que potabiliza el agua y le vende cloro líquido. A partir de la firma, el empresario quedará a los dos lados de esa relación comercial.
Filiberti, además, tiene otras inversiones en servicios públicos. A través de Rochester Holdings, una sociedad constituida en Londres que comparte con su hijo Nicolás Damián Filiberti, participa junto con José Luis Manzano y Daniel Vila en el control de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica, que tiene en AySA a su principal cliente.
Edenor, a su vez, acordó comprarle a YPF el 70% de Metrogas por US$780 millones. Cuando se concreten las dos operaciones, Filiberti tendrá participación en las empresas que proveen electricidad, gas y agua a buena parte del AMBA, tres servicios regulados cuyos ingresos dependen de que el gobierno de turno no congele las tarifas.
En las semanas previas a la apertura de ofertas se crearon o modificaron cuatro sociedades ligadas a los socios. El 18 de agosto pasado se constituyó en Londres PHX Aqua Limited, con una acción de una libra que no fue pagada, registrada en la misma oficina que Rochester Holdings.
Al día siguiente, una asamblea de Transclor amplió su objeto social para invertir “en especial” en prestadoras de servicios públicos, señaló Pablo Pirovano, socio de Pasbba Abogados y presidente de Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia).
El 24 de agosto se inscribió en Ámsterdam PHX Aqua AR, con un capital de un euro, que tampoco fue integrado, y ningún empleado. Un día después, el Ministerio de Economía postergó la apertura de ofertas del 27 de agosto al 15 de septiembre. El 2 de septiembre, Román constituyó PHX Holding Argentina, una inversora en la que tiene el 95% y que comparte directorio y sede con Rowing.
El último eslabón que muestran los registros es Phoenix Global Investment Fund, un fondo constituido en 2016 en Curaçao, cuyo registro internacional declara que no tiene una matriz conocida. En ningún eslabón aparece una persona física.
Cerca del consorcio explicaron que esa estructura permite acceder a inversores y a financiamiento local o del exterior, y que las decisiones sobre la operación de AySA quedarán en manos de Rowing, Transclor, Arcos y el programa de propiedad participada de los trabajadores. No precisaron qué parte de PHX tiene cada empresario ni si hay otros inversores en el fondo.
Las dos sociedades de la cadena suman un euro y una libra de capital. El pliego exigía a los oferentes un patrimonio neto de US$300 millones o US$1000 millones en activos bajo gestión. El Estado dio por cumplido el requisito, pero la resolución de adjudicación no explica cómo. LA NACION consultó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, pero no tuvo respuesta.
Los papeles del propio fondo tampoco coinciden entre sí. El registro de Curaçao, el memorando de colocación de 2017 y el sitio web nombran a directores distintos, y en una página del sitio declara US$584 millones en activos a junio de 2025 y, en otra, más de US$2000 millones.
El nombre del fondo coincide en parte con el de Phoenix Global Resources, la petrolera de la que Manzano es accionista junto con el grupo suizo Mercuria, que compró recientemente las estaciones de servicio Shell en la Argentina. Los registros consultados por LA NACION no muestran un vínculo societario entre ambas compañías.
Román, el otro empresario detrás de PHX, también es proveedor de AySA. Rowing, su constructora, instala y mantiene redes en la vía pública para empresas de servicios públicos y le presta servicios a la propia AySA. Además, es dueño del correo privado Urbano y de Santa Catalina, un grupo de 12 clínicas de neurorrehabilitación.
Arcos, el socio técnico, es accionista de Equipav, a su vez accionista mayoritaria de Aegea, que opera Águas do Rio, en el estado de Río de Janeiro, Brasil.
Suba de tarifa
Los nuevos dueños recibirán la empresa con una reforma tarifaria en discusión. La conducción estatal de AySA presentó ayer, en una audiencia pública del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), una propuesta que implicaría aumentos para casi dos millones de usuarios residenciales, el 60% del total, con una suba promedio del 22,6%, además de las actualizaciones por inflación. Otros 684.000 tendrían una baja promedio del 14,7%. Para quienes enfrenten subas, la factura media mensual pasaría de $29.116 a $35.710, sin impuestos y a valores de septiembre.
Más de la mitad de la facturación adicional surgiría de quitar un descuento del 15% a usuarios de zonas que dejarían de considerarse bajas. El ajuste sería gradual y los últimos casos completarían el aumento en el mes 19. La empresa calcula una facturación adicional de unos $140.000 millones anuales, que propone destinar a ampliar la tarifa social. La audiencia no es vinculante y la decisión final quedará en manos del regulador.
Antes del 13 de noviembre, el consorcio deberá constituir una sociedad más, la local que firmará el contrato, con los porcentajes que declaró ante el Estado. Ese edicto será el primer documento público con la participación de cada socio.
Por Sofía Diamante
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