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Los “Chocolates” se multiplican; el silencio indigesta
Tras el caso Rigau se investiga ahora un nuevo escándalo de corrupción en el Senado, donde salarios de empleados habrían terminado en manos de terceros
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LA NACION
La aparición de un nuevo escándalo en la Legislatura bonaerense vuelve a poner en evidencia una realidad institucional alarmante. El mecanismo que quedó expuesto con Julio “Chocolate” Rigau en la Cámara de Diputados no sería un caso aislado de corrupción, sino una práctica extendida durante años. Ahora, las sospechas se concentran en el Senado provincial, donde se investiga a 39 empleados cuyos salarios habrían terminado en manos de terceros.
Lamentablemente, las similitudes con el caso Rigau no hacen más que profundizar el descrédito de un cuerpo cuyos integrantes no fueron elegidos para cometer delitos, sino para mejorar la vida de los ciudadanos mediante la sanción de leyes impostergables.
En el caso del Senado, se investiga a personas incorporadas formalmente a la estructura legislativa que figuraban como titulares de tarjetas de débito, pero no percibían sus sueldos. A cambio, contaban con cobertura de obra social y aportes jubilatorios. Dos presuntos “recaudadores”, Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado, quedaron bajo investigación por retirar dinero de esas cuentas mediante operaciones en cajeros automáticos de La Plata.
La Justicia investiga si se ha cometido delito de peculado, con un perjuicio para las arcas públicas de alrededor de 300 millones de pesos. El interrogante central, tal como ocurre con el caso Rigau -hoy detenido-, es quiénes se beneficiaban con el dinero y qué dirigentes, funcionarios o estructuras político-partidarias sostuvieron ese espurio mecanismo.
Diez exsenadores provinciales ya declararon como testigos y se desligaron de los nombramientos investigados. Todos afirmaron no conocer a los titulares de las tarjetas. También se les consultó por el procedimiento de designación de personal, que contempla cupos para conformar equipos legislativos. Sus testimonios deberán evaluarse junto con otras pruebas.
Se aguarda un peritaje económico que podría aportar indicios sobre transferencias anteriores al descubrimiento de la trama y ayudar a determinar el destino de los fondos. También queda pendiente el análisis de un teléfono celular al que los peritos todavía no lograron acceder.
No es un dato menor que el fiscal Juan Mennucci haya esperado a que vencieran sus mandatos legislativos antes de convocarlos. Todo indica que lo ha hecho para evitar que el Senado pudiera interponer un trámite interno de desautorización, impidiendo así que sus integrantes fueran a dar testimonio ante la Justicia. El reglamento de la Cámara alta establece que determinados requerimientos de otros poderes relacionados con la función de senadores deben contar con una resolución favorable del cuerpo, un verdadero seguro de impunidad. De más está decir que los estatutos legislativos, los fueros y las formalidades institucionales no fueron creados para obstaculizar el esclarecimiento de hechos que comprometen recursos de todos.
En el caso Rigau, la Cámara baja protagonizó recientemente una escandalosa maniobra para negarle a la Justicia documentación que había solicitado con el fin de identificar a los responsables de las designaciones. Mediante una votación expeditiva, mezclada con numerosas resoluciones administrativas, la amplísima mayoría de los legisladores resolvió archivar las actuaciones. El juez de Garantías Guillermo Atencio denunció a las autoridades de la Cámara por considerar que esa decisión podía implicar ocultamiento de pruebas y entorpecimiento de la investigación.
Aquello no fue una mera controversia burocrática. Fue una señal más de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones y la renuencia de sus integrantes a colaborar con el esclarecimiento de un posible delito.
La Justicia sospecha hoy que los mecanismos destinados a fabricar empleados ñoquis o de hacerse de parte de lo percibido como sueldos estatales viene funcionando desde hace unos 15 años. Si esa hipótesis se confirma, estaríamos ante una práctica que atravesó diferentes gobiernos, autoridades parlamentarias y partidos políticos. Eso obliga a examinar responsabilidades más allá de una gestión determinada y de los nombres que hoy aparecen en la investigación.
Quizá allí se encuentre una explicación para un silencio político tan extendido como significativo. Cuando las sospechas amenazan con alcanzar a dirigentes de distintos espacios, la frontera entre oficialismo y oposición parece desdibujarse y emerge una suerte de omertá legislativa. Nadie pregunta demasiado, nadie exige explicaciones con suficiente firmeza y nadie parece dispuesto a asumir el costo de remover una estructura que podría comprometer intereses compartidos. El silencio no demuestra culpabilidad, pero sostenerlo profundiza las sospechas de complicidades.
El desprecio por el voto ciudadano se manifiesta precisamente en esa distancia entre la representación que se proclama y el uso que en muchos casos se hace de los recursos públicos. Quienes llegan a sus bancas mediante el sufragio reciben un mandato para legislar y controlar al poder, no para convertir los cargos, los salarios y las estructuras administrativas en herramientas de beneficio particular. Cada peso desviado es dinero que deja de estar disponible para atender necesidades de los bonaerenses.
La sucesión de “Chocolates” en la Legislatura bonaerense ya no puede tratarse como una serie de episodios desconectados. Las semejanzas obligan a investigar si detrás de ellos existió una modalidad persistente, protegida por la opacidad administrativa y la conveniencia política.
La basura debajo de la alfombra no desaparece porque una mayoría vote archivar papeles ni porque los dirigentes elijan callar. Si durante años hubo recursos públicos que circularon por canales ajenos a su finalidad, la sociedad tiene derecho a saber quiénes lo hicieron posible y quiénes se beneficiaron. La Justicia debe llegar hasta el fondo y dictar las condenas que correspondan. Ningún acuerdo tácito puede estar por encima de la ley ni del derecho de los ciudadanos a conocer la verdad y exigir justicia.
