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El vocero presidencial y jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció este martes que el Gobierno presentará un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental N°26.657 que rige actualmente y que está vigente desde 2010 en la Argentina.
“En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley de Salud Mental”, escribió el funcionario mileísta en su cuenta de la red social X, sin dar detalles sobre el proyecto.
Según pudo saber LA NACION por fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, el proyecto buscará actualizar la ley para “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “clarificar conceptos y criterios, adaptándolos a las necesidades actuales”.
Entre otros puntos clave, la iniciativa prevé la habilitación de internaciones involuntarias como recursos excepcionales. “En urgencias, el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas”, informaron fuentes con acceso al proyecto, que además contempla extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. “En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, agrega el texto.
Este nuevo enfoque reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”; de esta forma, incorpora “contexto y antecedentes” y permite “intervenciones más oportunas y preventivas”, según definieron desde el organismo comandado por Mario Lugones.
A su vez, en el proyecto que presentará el Gobierno hacen alusión a la problemática de la falta de aplicación homogénea de la Ley de Salud Mental en el país. Según su relevamiento, sólo 16 jurisdicciones se adhirieron formalmente: de las 23 provincias, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación. “Esto genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos. La reforma busca garantizar atención en todo el territorio”, consignaron fuentes autorizadas.
El texto propone también reemplazar el término “padecimiento mental” —al que definen como ambiguo y amplio— por una nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas) en la que incorporan el concepto de trastornos mentales o del comportamiento.
Otro de los puntos principales tiene que ver con el actual cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado a hospitales generales, ante lo que proponen “fortalecer una red de atención en salud mental según niveles de complejidad”. Esto incluirá hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas.
Finalmente, para esto se buscará ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión e incorporar áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR, con el objetivo de fortalecer la supervisión.
En este marco, uno de los primeros en hacerse eco de la noticia fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “La Ley de Salud Mental no funciona. Celebro que el Gobierno Nacional avance con una reforma. Es un tema sobre el que venimos trabajando hace años, y que las familias reclaman y los pacientes necesitan con urgencia”, escribió junto con un video de sí mismo en el que habla sobre el tema.
Y añadió: “Desde la Ciudad, nuestro equipo de salud está a disposición del Congreso para trabajar en una ley mejor, con respuestas concretas”.
El ministro de Salud también se sumó a las felicitaciones y apuntó contra la oposición. "La ley vigente, impulsada por el kirchnerismo en 2010, generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto. Esa falla la padecieron muchas familias que durante años buscaron ayuda sin encontrar respuesta, aun en situaciones críticas en las que una intervención a tiempo podría haber evitado desenlaces graves o fatales”, escribió en X.
“Para identificar los principales obstáculos en la implementación, se relevaron aportes de los actores involucrados, familiares, profesionales de la salud y especialistas, lo que permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria. Esta modificación busca que el sistema pueda intervenir a tiempo, con criterios más claros y herramientas concretas para actuar frente a situaciones de riesgo. Es el rumbo de este Gobierno, liderado por el presidente Milei: poner la vida y la salud de los argentinos primero”, marcó.
La iniciativa llega solo una semana después de que un grupo de legisladores bonaerenses presentara un proyecto de ley para que se declare la emergencia en salud mental por tres años en la provincia de Buenos Aires frente a lo que definieron como un “tema olvidado” en todo el territorio.
Los diputados provinciales Luciano Bugallo, Romina Braga y Andrés De Leo —todos de la Coalición Cívica— propusieron tomar “medidas urgentes y excepcionales” tanto en salud como en educación para prevenir los suicidios y asegurar la atención necesaria de los problemas de salud mental y las adicciones, especialmente en niños y adolescentes.
Si bien sugirieron que la coordinación de las medidas a adoptar durante la emergencia la retenga el Ministerio de Salud provincial frente a “la profunda crisis que atraviesan los servicios de atención, prevención y tratamiento de los trastornos mentales y consumos problemáticos”, agregaron que la cartera trabaje con la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Seguridad, más los municipios.
